Archivo pendiente

La decisión del Tribunal Superior vasco de archivar, sin celebrar la vista oral, la causa abierta por desobediencia contra el lehendakari Ibarretxe, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares y cinco representantes de la ilegalizada Batasuna por sus reuniones durante la tregua de ETA se ajusta a las alternativas que debían dirimir los tres magistrados encargados de enjuiciar a los imputados. Que su resolución haya sido la de sobreseer las actuaciones, al considerar, en aplicación de la sentencia del caso Botín, que la acusación popular ejercida por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia no es «legítima» dado que era la única parte que atribuía a los procesados la comisión de un delito, puede desconcertar porque la petición de archivo había sido rechazada de forma recurrente en la instrucción.

Pero es el cariz de la respuesta dada ahora por el Tribunal la que certifica que éste ha sido un procedimiento en el que se han guardado todas garantías judiciales. Es obvio que el sobreseimiento contradice a los penalistas del Tribunal Superior que promovieron la causa y que lo hace, además, por una cuestión procesal desvinculada del fondo del asunto. Pero resultaría tan excesivo como incierto dar por desautorizados a esos jueces cuando el archivo definitivo o no quedará en manos del Supremo. La exigencia de responsabilidades que realizó el lehendakari soslaya el desaire en que ha quedado su propia posición, después de que su abogado solicitara expresamente que el juicio se celebrara renunciando a pedir el sobreseimiento. Una estrategia que podría estar justificada en el legítimo objetivo de intentar procurar una sentencia absolutoria que confiriera seguridad jurídica a una actuación cuestionada penalmente; pero que al explicarse como un intento de evitar la incriminación del diálogo político sugiere un interés inconfesado por obtener réditos de la identificación de la causa como un juicio contra las reuniones en busca de la paz.

Ni lo que se ha sentado en el banquillo es la licitud del diálogo considerado genéricamente, ni los contactos para tratar de acabar con ETA han resultado victorioso con el archivo decretado ayer. La paradoja para quienes abrazan la tesis contraria es que ha sido este juicio el que les ha permitido sublimar el valor de las citas con los dirigentes de Batasuna, cuando éstas fueron utilizadas como un instrumento de chantaje por parte de los terroristas y su entorno.