El tribunal superior vasco pone fin al proceso contra Ibarretxe

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó ayer el proceso abierto contra el lehendakari Juan José Ibarretxe, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares y cinco responsables de Batasuna, con su portavoz Arnaldo Otegi al frente, por las reuniones que mantuvieron durante el fallido proceso de paz intentado en 2006 durante la tregua de ETA.

La sala no entró a valorar la legalidad de aquellos encuentros con una formación ilegalizada por el Supremo, sino que se limitó a asumir el criterio fijado por ese tribunal en el caso Botín y concluir que no hay «acusación legítima» para seguir adelante con el juicio porque la Fiscalía no presentó cargo alguno al entender que no hubo delito, no existió tampoco acusación particular ejercida por posibles perjudicados directos por las reuniones y el caso respondía sólo a la acusación popular defendida por el Foro de Ermua y la plataforma Dignidad y Justicia.

A la doctrina Botín se remitieron el jueves, día de la apertura del juicio, la fiscal jefe del País Vasco, María Ángeles Montes, y las defensas de los dirigentes socialistas y de Batasuna. Y también ése fue el argumento esgrimido por la defensa del lehendakari durante los casi tres años que ha durado el proceso para exigir el archivo de la causa.

Sin embargo, los abogados de Ibarretxe cambiaron de estrategia la semana pasada y, ante «la pena de banquillo» ya sufrida por jefe del Gobierno vasco, abogaron por la celebración del juicio para demostrar la «inocencia» de los acusados e impedir que, en lo sucesivo, pueda criminalizarse un supuesto proceso de diálogo.

Ayer, el tribunal dio la razón a los que reclamaron el fin del proceso gracias a los dos votos de los magistrados Antón Subinás y Juan Carlos Benito-Brutón, y en contra del criterio del presidente de la sala, Manuel Díaz de Rábago, que presentará un voto particular por considerar que la acusación popular «está legitimada en este tipo de procedimientos para el ejercicio de la acción penal únicamente a su instancia». Aunque los imputados respiraron aliviados al verse libres del banquillo, el lehendakari no ocultó sus dudas sobre el recorrido final del caso. Tras reunir con carácter de urgencia a su gobierno en Vitoria, Ibarretxe compareció ante los medios de comunicación, expresó su «satisfacción» porque se haya puesto fin a un «sinsentido jurídico y político que estaba persiguiendo el diálogo y la búsqueda de soluciones para este país» a través de un juicio «con claro impulso político» y denunció la «politización de la justicia», de la que responsabilizó, entre otros, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, que instruyó la causa y al que señaló responsable del «despropósito». El lehendakari extendió un manto de recelos sobre el recorrido final de la causa y confió en que, cuando vea los recursos, el Supremo «atienda el fondo del problema y no vuelva a criminalizar el diálogo político» y la decisión adoptada ayer no sea «un simple paréntesis» abierto para recuperar la causa «en un momento en el que políticamente interese más». Conseguida su fotografía «sentado en el banquillo», Ibarretxe lanzó al aire su sospecha de que «haya quien quiera convertir este archivo en un paréntesis político y que tras la decisión del Supremo se nos obligue a realizar de nuevo el juicio», alertó. El secretario general del PSE, Patxi López, reconoció sentir «una mezcla de alivio y frustración» tras el fin del juicio. Alivio al confirmarse su inocencia y la de su compañero Rodolfo Ares. Y frustración porque «se nos ha dado la razón» tras pasar «mucho tiempo» defendiendo que nunca cometieron delito alguno.

Desde Madrid, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, celebró la decisión del tribunal vasco en un proceso que, a su juicio, «nunca debió existir», pero eludió pronunciarse sobre si la convicción de que López hizo lo correcto implica que todavía hoy considera legítima la negociación política con una fuerza como Batasuna. En todo caso, insistió en que ya «no hay ninguna posibilidad de que vuelva a abrirse un proceso de diálogo».

Cerrojazo que choca con la interpretación del ex portavoz de la ilegalizada Batasuna. Otegi afirmó que el juicio perseguía «obstaculizar futuros procesos de negociación política que sin duda van a existir» y «dar por zanjada la vía del diálogo como vía de solución al problema político que existe en Euskal Herria».

La alegría de los socialistas es ahora doble. El archivo de la causa evita una situación incómoda a Patxi López que, según aseguró Blanco y conforme a los sondeos que maneja la dirección del PSOE, será el próximo lehendakari. Y, según la percepción socialista, parte por la mitad la campaña electoral «victimista» con la que el lehendakari pretendía concurrir a los comicios del 1 de marzo. Una de las peores noticias que puede darse a los ciudadanos es la de que la solución de «su» caso dependerá no exactamente de lo que diga la Ley, sino de qué magistrados -con nombre y apellidos- compongan el Tribunal. Pues bien, ésta es exactamente la noticia que le dieron, han dado y darán -si la acusación popular presenta recurso, como ha anunciado- al lehendakari y a sus compañeros de infortunio.

En el TSJPV han sobreseído el caso por 2 a 1; en el Supremo dependerá de si los que forman el Tribunal son más pro caso Botín, en cuyo caso las acusaciones populares nada tienen que hacer si no son acompañadas por acusación Fiscal, o más pro caso Atutxa, según el cual sólo con acusación popular se puede ir hasta el final. Y no debe creerse que el Supremo sólo nos arroja a la incertidumbre en este caso, pues hay otros muchos supuestos en que ocurre lo mismo, alguno de ellos escandaloso. Por ejemplo, en materia de drogas y dependiendo de quién forme Sala en el Supremo, el tráfico de pequeñas cantidades puede llevar aparejado varios años de cárcel o nada. Esto es lo que se llama propiamente inseguridad jurídica o, en romance, lotería judicial. Y nadie debe creer que esto sucede -aunque en ocasiones sí- necesariamente porque la Ley sea ambigua; no, pues puede acontecer por otras causas como que la Ley sea imprecisa o no se adecue a los tiempos. O porque haya jueces que quieran transitar del Palacio de Justicia al de las Cortes sin pasar por las elecciones, en expresión del catedrático Ángel Torío, y decidan, como en este caso, imponer limitaciones a la acusación popular que no están contempladas constitucionalmente.

Con este final (momentáneo) de las cosas, sobre el lehendakari penderá eternamente la sospecha de si ha cometido o no delito, y sobre toda la sociedad si los miembros del Ejecutivo -estatal o autonómico- pueden ejercer la acción política «sin pedir permiso al Poder Judicial»; es decir, que no sabemos si hay o no separación de poderes. La celebración del juicio oral presenta, en este sentido, indudables ventajas, pues en él goza el imputado de las más amplias posibilidades de demostrar su inocencia y la sociedad de la posibilidad de que se resuelvan dudas constitucionales fundamentales.