La defensa de los policías implicados en un alijo de droga exige la suspensión del juicio

Hace ahora siete años, la llamada Operación Rueda -llevada a cabo por la Guardia Civil- desmantelaba en Cádiz una trama de narcotraficantes que intentaban hacer cruzar más de cinco toneladas de hachís a través del muelle de la capital, ocultas en camiones. Lo más llamativo del caso era que entre los 13 implicados en la red se encontraban también dos policías nacionales y un agente de Vigilancia Aduanera, que supuestamente cobraron varios millones de pesetas a cambio de que la droga pasara inadvertida.

Ayer, se sentaban ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, en la primera jornada de un macrojuicio en el que se les acusa de un delito de tráfico de drogas y otro de cohecho, por sobornar a agentes de seguridad. Aunque ninguno de los 13 acusados pudo ayer -aún- declararse inocentes o admitir su culpabilidad.

Primera día de juicio

Las tres horas que duró esta primera jornada de juicio se gastaron íntegramente en la presentación de las cuestiones previas por parte de la fiscal y de los abogados defensores, que intentaron convencer al tribunal de que el juicio debía ser invalidado, argumentando que la investigación (que ha durado cuatro años y ha recorrido tres juzgados diferentes) está plagada de errores de procedimiento, y por tanto el caso está viciado desde su origen.

No es la primera vez que este argumento ha servido para suspender juicios relacionados con el narcotráfico: en el último de ellos, por ejemplo, relacionado con la Operación Semilla, el tribunal de la Audiencia dio por inválidas las escuchas telefónicas de la Policía, al no estar suficientemente justificadas.

Ayer, los abogados defensores también tacharon de injustificados los pinchazos telefónicos a sus defendidos. Y denunciaron que durante la investigación, los imputados sólo fueron interrogados por traficar con drogas, pero no por sobornar a los policías. Así que sugirieron que se devolviesen las actuaciones al juzgado de instrucción, o que se sobreseyeran las acusaciones de cohecho.

Además, las defensas se quejaron de que el tribunal de la Audiencia Provincial no es el que tiene competencias para continuar con el proceso, dando diferentes argumentos para ello; y pidieron que el caso pasara o bien a la Audiencia Nacional en Madrid, o bien ante un tribunal con jurado popular.

La fiscal, en cambio, argumentó en contra de todas estas peticiones, también con bastante jurisprudencia entre manos.

Una red de influencias

Cuando tocaba el turno de tomar declaración a los acusados, el presidente del tribunal suspendió el juicio hasta hoy, cuando los 13 imputados relatarán su versión de los hechos.

Según la Fiscalía, los acusados formaban una organización delictiva, encabezada por José P. R. y Basilio B. B., que tramaron el alijo de cinco toneladas de hachís oculta en camiones. Estos viajarían desde Tánger hasta Cádiz, desembarcarían en el muelle y desde allí viajarían hasta Holanda y Bélgica, donde se vendería la droga. Los acusados montaron una empresa de transporte ficticia, que servía como tapadera, y tejieron una red de influencias y sobornos en la Aduana gaditana, en la que supuestamente se vieron implicados un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera y dos agentes de la Policía Nacional (uno de los cuales estaba inhabilitado por un delito anterior con drogas).

Los supuestos narcotraficantes también intentaron untar con 38 millones de pesetas a un agente de la Guardia Civil destinado en el muelle, pero éste denunció el intento de soborno ante sus superiores. Así comenzó la llamada Operación Rueda, en la cual el guardia civil fingió aceptar el soborno, infiltrándose en la trama con la intención de desmantelar la red de narcotraficantes.

Finalmente, en febrero de 2002, un camión remolque y otro cisterna cruzaron el Estrecho cargados de hachís. Pero fueron interceptados en el muelle de Cádiz por la Guardia Civil y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera.

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