La provincia empieza 2009 a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia

El máximo desarrollo de la Ley de Dependencia se espera este año. Ése es el objetivo que se ha marcado la Junta y que la consejera del ramo, Micaela Navarro, ha recalcado en sus últimas comparecencias. Para llegar a cumplirlo habrá que poner el pie en el acelerador y no frenar, especialmente en la provincia gaditana, donde la carencia de infraestructuras y el atasco de solicitudes entre los ayuntamientos y la Administración autonómica ha dado lugar a serios retrasos en la aplicación de la norma.

Éste será el tercer año de vigencia de la ley, que aún tiene pendiente el desarrollo de una propia para Andalucía. Por lo pronto, la Consejería ha destinado 99 millones de euros para financiar el Servicio de Ayunta a Domicilio, el doble de lo que la Junta destinó a esta prestación para todo el año pasado. No obstante, la provincia se queda a la cola en la percepción de estos recursos con 1.917 usuarios que disfrutarán de 123.839 horas de atención, según datos de la propia Administración, lo que la sitúa la tercera por debajo de la lista. Territorios como Córdoba (2.758 usuarios), Granada (3.019) o Almería (1.987) tienen un mayor presupuesto a pesar de contar con menos población.

Reparto

La distribución de estos fondos se hace en función de las personas que tenían en el mes de noviembre una resolución del Programa Individual de Atención con la asignación de un Servicio de Ayuda a Domicilio. De esta prestación se encargan los ayuntamientos, a los que la Junta les sufraga el coste cuando carecen de recursos económicos. En el caso de la provincia, la lista de espera es notable. Sólo en la capital llega a los 300.

El mayor retraso en la prestación de la Ayuda a Domicilio se produce en el Ayuntamiento de San Fernando, donde no llegan a cien los que ya lo disfrutan. El problema viene de un atasco entre la Administración local y la regional y la tardanza del propio Consistorio para adjudicar el servicio a una empresa. Estas incidencias hicieron que en el pasado mes de julio no se le adjudicara ningún presupuesto para pagar los gastos.

Hasta finales de año, los gaditanos habían presentado más de 26.000 peticiones, de las que ya se han valorado unas 23.000, el 88% del total. De este grupo, 17.000 han sido declarados grandes dependientes (que necesitan la presencia permanente de una persona) o dependientes severos de grado dos nivel dos, que son los que tenían derecho a disfrutar de la prestación hasta el año pasado, según el calendario fijado por el Gobierno. Desde la semana pasada se han empezado a baremar las solicitudes de los dependientes severos de grado uno, que según venían definidos en el Libro Blanco, son los que necesitan ayuda para realizar alguna actividad, pero no requieren de la presencia permanente del cuidador.

Recursos provinciales

Unos 12.000 gaditanos reciben ya la prestación, un tercio de ellos grandes dependientes. Los servicios de aplicación más inmediata son los de Ayuda a Domicilio y la plaza en residencia. En el segundo caso, el tiempo medio de espera ronda los seis meses, aunque la Delegación provincial para la Igualdad y Bienestar Social insiste en que no hay cola. Precisamente la Junta mantiene a cero las listas de espera porque tiene un sistema abierto de plazas residenciales, de manera que una vez que se aprueba la solicitud se asigna al usuario una cama en cualquiera de los centros que tengan vacantes, aunque no pretenezca a su provincia.

Los beneficiarios de la ley critican este sistema porque muy pocos son los que están dispuestos a irse lejos. En Cádiz hay un total de 1.894 plazas en geriátricos públicos y concertados. De ellas, más de 500 fueron creadas desde que entró en vigor la norma nacional, a primeros de enero de 2007.

Las unidades de estancia diurna cubre otro de los servicios que reconoce la norma y que se encuentran deficitarios en la provincia. La finalidad de estos centros es ofrecer una atención integral a personas en situación de dependencia para mejorar su habilidades y sobre todo para el propio respiro familiar. Pero el número de plazas disponibles es reducido. Apenas llega a las 500 y sólo son 14 los municipios que disponen de instalaciones de titularidad pública.

Respecto al cobro de las ayudas. Desde que se completa el papeleo hasta su disfrute pueden pasar de nueve meses a un año. Las ayudas para grandes dependientes oscilan entre 600 y 700 euros; mientras que los severos tendrían pensiones de algo más de 300 y a ambas hay que sumarles los algo más de 150 euros de la cuota de la Seguridad Social.

emartos@lavozdigital.es