La Junta promueve la reforma de la ley estatal que regula a los ayuntamientos

La Junta de Andalucía es partidaria de reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 para adaptarla a la realidad de los ayuntamientos después del desarrollo autonómico, por lo que ha solicitado al Gobierno que se constituya un grupo de trabajo para abordar posibles modificaciones. Así lo informó en una entrevista con Efe la consejera andaluza de Gobernación, Clara Aguilera, quien considera que la normativa estatal no afronta «la línea vertebral» de la realidad actual de los consistorios españoles pese a que ha contado con cambios «de carácter puntual».

«Es lógico que una Ley básica que tiene el Estado sobre Régimen Local también tenga una modificación y se adapte más de 20 años después», ha comentado la consejera, cuyo departamento ya ha iniciado «contactos» con el Gobierno central para la constitución de un grupo de trabajo que aborde estas pretensiones. De hecho, Aguilera ha destacado que Andalucía es la única comunidad que está promoviendo ya, en cumplimiento de su reformado Estatuto de Autonomía, dos leyes como la de Régimen Local y la de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma que impulsan las competencias y financiación municipales.

El Ejecutivo andaluz pretende que estas dos normativas se encuentren en debate parlamentario antes de que a mediados de año finalice el actual periodo de sesiones, de modo que pudieran estar aprobadas a finales de 2009 o principios de 2010. La primera de estas leyes tiene el objetivo de delimitar las competencias que corresponden a los ayuntamientos, mientras que la segunda pretende articular la participación y financiación de los gobiernos locales dentro de los tributos sobre los que tiene potestad normativa la Junta de Andalucía. Aguilera ha destacado que -por el momento- no hay ninguna otra comunidad que esté «ni tan siquiera planteando» este tipo de leyes y que, por su carácter «pionero», la región andaluza marcará «la hoja de ruta» respecto a competencias y financiación para el resto de consistorios y regiones españoles.

La consejera ha enfatizado en que suponen «una determinación y un cambio definitivos» en el desarrollo de «lo local», al abordar no sólo el reparto competencial que se podrá delegar en los ayuntamientos, sino también la demanda histórica de éstos respecto a financiación.

Consenso con los partidos

Estas leyes darán además «un mayor crédito y trabajo» a la diputaciones provinciales, que deberán desempeñar un papel decisivo en el apoyo y asesoramiento de los municipios, especialmente en los más pequeños, aunque -ha añadido- «sin sustituir la determinación ni el papel de los ayuntamientos».

Clara Aguilera ha señalado que trabajará por el consenso entre los partidos políticos de cara a la tramitación de estas leyes «de tanto calado», en las que todos se puedan sentir «reflejados», dejando a un lado las estrategias propias para mirar por el interés general.

Respecto a las negociaciones actuales con el Gobierno central sobre financiación autonómica, cree que van «por muy bien camino» y que el acuerdo final será «muy bueno» Andalucía y para España. No obstante, ha recordado que la comunidad no aceptará ningún acuerdo que no dé respuesta al importe reclamado de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía, conocida como deuda histórica.