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Editorial

Paro de urgencia

El paulatino incremento del desempleo durante 2008 acabó generando un millón de parados; una cifra inimaginable hace ahora un año que sitúa a nuestro país, por séptimo mes consecutivo, como el socio europeo con mayor tasa de paro. El hecho de que la curva ascendente de los desempleados haya rebasado el listón de los tres millones se vuelve aún más inquietante al relacionarlo con el descenso experimentado en la afiliación a la Seguridad Social, que durante el pasado ejercicio perdió 841.465 cotizantes. Además, a medida que el paro crece se incrementa también el número de puestos de trabajo destruidos que por sus características son más difíciles de recuperar. Así ocurre con su incidencia en la industria y en las actividades más especializadas del sector servicios. Por primera vez hay en España tantas mujeres como hombres en el desempleo, un dato que tras su apariencia igualitaria refleja el grave impacto que el paro está teniendo no sólo en la construcción, sino en tareas industriales que han sostenido en gran medida la economía y que mayoritariamente eran asignadas a varones.

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La brusca caída hacia la recesión coloca a todos los países desarrollados ante la ineludible prioridad de estimular el mantenimiento y generación de puestos de trabajo, por incierta que sea su perdurabilidad, con la inclinación que ello conlleva a situar en un segundo plano las necesidades derivadas de la productividad y de la innovación. El imperioso impulso de las medidas de emergencia que se están adoptando -está el ejemplo español de la inversión de 8.000 millones de euros para infraestructura local- acaba siendo tan indiscutida que se corre el riesgo de errar en la orientación de los esfuerzos o de hipotecar en exceso la recuperación económica. Frente a la inercial tendencia a buscar una salida a la crisis restableciendo poco más o menos el patrón de crecimiento ya conocido, cuyos excesos explican los peculiares rasgos que aquella adopta en España, es necesario que las instituciones eludan toda solución falsa y limiten al mínimo indispensable las intervenciones cortoplacistas. Además, el incremento del paro y la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social comprometen de tal manera a las cuentas públicas que resulta imprescindible dedicar el inevitable déficit a iniciativas económica y socialmente eficaces.