Acusación y rédito

El inicio del juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco permite referirnos a dos cuestiones relevantes: por una parte, el papel de las acusaciones populares, las únicas que imputan en este proceso; y, por otra, la petición de la defensa del Lehendakari de que se llegue «hasta el fondo del asunto». En lo que alude al primer aspecto, la acusación puede ejercerse por la Fiscalía y por las acusaciones particular o popular. La primera lo hace, esencialmente, en defensa de la legalidad; la segunda, de los perjudicados reforzando a la anterior; y la tercera, de los intereses generales. Los problemas han surgido porque al depender el fiscal general del Gobierno, se ha dudado de que en todos los casos la Fiscalía defienda la legalidad con la imparcialidad que debiera. Así, se han registrado procesos de especial importancia en los que la Fiscalía se negó en un principio a acusar, como ocurrió con los GAL o el 'caso Botín'. En ambos, la persecución penal se pudo realizar gracias a las acusaciones populares, que asumieron el 'trabajo' que la Fiscalía no realizó. No es incierto, sin embargo, que en no pocos precedentes las acusaciones populares han efectuado una 'utilización política' o crematística de las posibilidades que les reconoce la ley, lo que ha provocado tensiones que han tenido como resultado la solicitud de que se recorten sus alas.