La UCA quiere reanudar las obras de Ingenieros y Ciencias en tres meses

Velocidad de crucero para Ingeniería y Ciencias. Ése es el objetivo que se ha marcado la Universidad para la reanudación de las obras de ambas facultades tras la ruptura de los acuerdos con Dragados. La decisión de sacar a la constructora de la reforma del Campus de Puerto Real ha venido motivada por una ralentización «injustificada» de los trabajos. Así lo ha puesto de manifiesto la institución académica en el escrito que el rector, Diego Sales, envió ayer a la hasta ahora adjudicataria.

Otra de las razones que ha motivado este cese de relaciones es el incremento «desorbitado» de los costes. Según laUCA, Dragados exigió un 40% más sobre el importe de adjudicación de la Escuela de Ingeniería (17,8 millones) y un 110% sobre el de la Facultad de Ciencias (10,7 millones), lo que conlleva en total una subida de 18 millones. Esta situación no bloque el proyecto porque se trata de un concurso público, en caso de que fuera una actuación privada, entrarían los tribunales.

Una vez adoptada la decisión, a la que preceden seis meses de negociaciones para alcanzar un acuerdo, la UCA busca ya nuevas empresas para continuar con los trabajos. «El objetivo es volver a arrancar en dos o tres meses», según avanzó el director general de Infraestructura y Sostenibilidad, Diego Torres. Las incidencias con Dragados han provocado retrasos en ambas obras. Tanto es así que la reforma de la Facultad de Ciencias debería de haber estado lista en octubre del año pasado y la Escuela de Ingenieros a finales de éste. El motivo de las demoras ha sido el frenazo que dio la constructora a mediados de 2008 tras presentar los primeros informes de disconformidad con el proyecto universitario.

A pesar del trámite administrativo, «seguir con Dragados hubiera dilatado aún más los plazos que cambiar de empresa», aseguró el responsable del área. De hecho, garantizó que a partir de ahora se agilizarán los trabajos, puesto que «la resolución del contrato con la actual adjudicataria no tiene por qué influir en el desarrollo del proyecto». Al tratarse de un contrato con un órgano público tiene carácter administrativo y no privado, lo que significa que la administración competente, la Universidad en este caso, puede tomar la decisión unilateralmente y mientras se resuelve la liquidación del contrato ambas partes tienen que cumplir con sus obligaciones. Continuar con la obra en el caso de Dragados y satisfacer los pagos correspondientes en el de la UCA.

Una vez remitido el documento de liquidación a la empresa, ésta dispondrá de diez días para presentar sus alegaciones. El caso se pondrá también en manos del Consejo Consultivo de Andalucía que tendrá que remitir un dictamen y finalmente se procederá a la liquidación del contrato y la nueva adjudicación de los trabajos.

Fuentes de Dragados consultadas por este medio aseguraron que aún no habían podido estudiar el escrito, por lo que prefirieron no pronunciarse sobre la intención de recurrir la resolución del contrato ni realizaron valoraciones sobre las declaraciones de la UCA.

Presumiblemente la obra quedará en manos de alguna de las firmas que ya participaron en el concurso público celebrado en 2006. «Nos interesaría contar con una compañía que ya conozcan el proyecto», dijo Torres. Con todo, no cerró las puertas a ninguna posibilidad y avanzó que se valorarán aquellas propuestas que agilicen los plazos de ejecución.

Sobre el presupuesto total de ambas obras, señaló que es suceptible de cambios, aunque no contemplan cuantías superiores a lasque fijó Dragados en su día. En este sentido, el director de Infraestructuras se mostró tajante y dijo que «se cumplirá la Ley de Contratación», que contempla incrementos de entre el 15 y el 30% sobre el importe de adjudicación. Las condiciones que se negociarán con la nuevas empresa serán «idénticas» a las ofrecidas a Dragados.