Economia

Mantener el poder de las pensiones ha costado más de 14.100 millones

Alrededor de 14.150 millones de euros ha pagado la Seguridad Social en subidas adicionales a las pensiones públicas desde que entró en vigor, el 5 de agosto de 1997, la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema. El objetivo de la operación es impedir que el incremento anual de las prestaciones resulte inferior al de los precios y que sus perceptores pierdan poder adquisitivo.

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El arranque de la norma fue el Pacto de Toledo, suscrito por los parlamentarios en 1995 en la ciudad que le da nombre, bajo gobierno socialista. Este acuerdo dio paso a otro convenio firmado en 1996 entre el Ejecutivo, ya popular, CC OO y UGT tramitado como proyecto de ley. El documento contó con el rechazo de la CEOE.

Los interlocutores que apoyaron su redacción apostaron por que el ajuste entre las pensiones y los precios se hiciera en función de la inflación interanual de noviembre. Así había tiempo para que a primeros del ejercicio siguiente las cuentas estuvieran regularizadas. Este mecanismo ha permitido en 2008 el ajuste compensatorio, puesto que de haberse regido la revalorización por el dato de diciembre los pensionistas no hubieran tenido pago adicional, dado que la inflación bajó al 1,5%, pese a haber soportado durante el año un incremento medio de los precios superior al 4%.

En los dos primeros años de vigencia de la ley (1997 y 1998) el control de los precios fue un hecho. Hubo recuperación de poder adquisitivo sin tener que recurrir a la revalorización. Después llegaron 10 años seguidos de revisión.

La más cara, con una desviación de 2,1 puntos sobre la subida inicial, fue la correspondiente a 2007, que costó 3.122 millones de euros. Por el contrario, la más barata, tan sólo de 0,4 puntos, ha sido la de 2008, que ha supuesto 624 millones. Otros costosos ajustes de 2.133 millones (2,1 puntos) y de 2.072 (1,9 puntos) ocurrieron en los años 2000 y 2002.