Pasajeros hacen cola frente a la oficina de Iberia en Barajas. / EFE
Economia

Nuevas cancelaciones y más demoras en el aeropuerto de Barajas

El aeropuerto de Barajas continuó ayer sin normalizarse. Las demoras e incluso las cancelaciones volvieron a hacer acto de presencia, ante la indignación de multitud de pasajeros y pese a los mensajes de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) que, un día más, volvieron a hablar de retrasos «poco destacables». Además, al inicio de la jornada, la niebla obligó a regularizar los aterrizajes entre las nueve y las doce horas y a establecer «los procedimientos especiales de seguridad» por visibilidad reducida, lo que bajó el ritmo de las operaciones.

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Para Iberia, el conflicto está claro. Los culpables de las anomalías registradas son los pilotos que desde primeros de diciembre se encuentran en 'huelga de celo' (trabajo a reglamento) por las diferencias que mantienen con la dirección de la empresa en la negociación del convenio. La compañía informó de que se vio obligada a cancelar ayer una decena de trayectos, así como a alquilar diez aviones a otras aerolíneas. Mientras tanto, el SEPLA acusó a Iberia de carecer de personal para realizar los movimientos programados y de jugar a la improvisación en las fiestas navideñas.

AENA insistió a lo largo de la jornada en que, tras desactivarse los procedimientos de baja visibilidad, la mala meteorología en Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania o Polonia afectó a los vuelos procedentes o con destino a diferentes países europeos. El gestor de los aeropuertos españoles también recomendó a todos los pasajeros que pensaban volar en las próximas horas que contactaran con sus compañías aéreas o agencias de viajes para confirmar la salida de sus aviones. Sin embargo, las filas y aglomeraciones de personas afectadas ante los mostradores del aeropuerto volvieron a repetirse. Muchos, indignados, se mostraron interesados en interponer reclamaciones por la cancelación de sus vuelos y por los daños y perjuicios soportados.

Por su parte, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) consideró que ha llegado el momento de pedir al Gobierno la regulación de una ley de huelga. A su juicio, urge afrontar y resolver las protestas que distorsionan los servicios esenciales de la comunidad y sus consecuencias.