El impago del alquiler lleva a casi medio millar de gaditanos ante el juez con demandas de desahucio

Lo reflejan las cifras: si en el mercado de las ventas los precios de las casas bajan, en el negocio del alquiler no cesan de subir en torno a un 4,5%, incluso hasta un 6% en comunidades como Andalucía. Y mientras la demanda de viviendas en propiedad parece aletargada (según los constructores por la negativa de los bancos y cajas a conceder nuevas hipotecas), el número de interesados en vivir de alquiler apenas ha mermado e, incluso, parece haber aumentado, alimentada con muchos compradores que no consiguieron un crédito.

El único pero del alquiler, sigue siendo que la oferta de inmueble que se anuncian con esta fórmula sigue siendo escasa. Y es que pesar de los esfuerzos de todas las administraciones por incrementar el número de pisos arrendados a través de agencias y bolsas de viviendas, el parque de inmuebles es muy inferior a la demanda.

«El miedo de muchos propietarios a sufrir las consecuencias de un inquilino problemático» o, aún peor, alguien que no pague, es la causa principal de esta retracción de la oferta, según explican desde una agencia inmobiliaria de Cádiz: los dueños prefieren mantener sus viviendas vacías a exponerse a sufrir una batalla con los arrendatarios.

Miedo al mal pagador

De hecho, cada año, casi medio millar de gaditanos propietarios de un inmueble acuden a la justicia para intentar deshacerse de sus inquilino, en la mayoría de los casos debido a un impago de las mensualidades. Sólo en 2007, el número de litigios por arrendamientos urbanos registrados en los juzgados de la provincia, alcanzaron los 532 casos (según los últimos datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística), de los cuáles el 84% se corresponde con ejemplos de falta en el pago de la renta.

Un análisis de años anteriores revela que, lejos de empeorar, la conflictividad judicial por arrendamientos descienda cada año. De hecho, los litigios de 2006 (516), son un 13% menores a las de 2007. Sin embargo, la crisis y el aumento del paro podría provocar un repunte en la morosidad a lo largo de 2008. Con todo, teniendo en cuenta que el número de casas en alquiler que existen en Cádiz, según el Ministerio de Vivienda, es de aproximadamente 52.000 inmuebles (según la encuesta Observatorio del Observatorio Estatal de la Vivienda), el problema de la morosidad puede considerarse aún poco preocupante.

Por eso, resulta llamativo cómo, a pesar del pequeño porcentaje de inquilinos problemáticos (un escaso 1% de ellas), la repercusión de sus actos sigue dejando huellas en la oferta de pisos de alquiler, ya que los propietarios denuncian sentirse indefensos ante este tipo de casos, ya que una demanda por impago puede prolongarse durante más de un año en los tribunales, hasta que se ejecuta el desahucio. Un tiempo demasiado largo, que lleva a los que han lo han sufrido a no repetir la experiencia del alquiler, y a otros muchos desconfiados, a poner sus pisos en el mercado.

Un proceso más rápido

Para agilizar el proceso judicial el Gobierno central tiene previsto llevar a cabo durante el 2009 una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita, entre otras cosas, que este tipo de delitos puedan ser demandados cuando se produzca el primer impago, que sean entendidos en vistas orales o que el desahucio pueda ejecutarse una vez dictada la sentencia.

Mientras tanto, las agencias inmobiliarias y los propietarios particulares aplican ya la máxima de «más vale prevenir», y se blindan las espaldas cada vez con mayor número de requisitos exigidos a los nuevos inquilinos que «curen» un posible impago si llega a producirse: no sólo se solicitan varias mensualidades por adelantado como garantía, sino también cada vez con más frecuencias avales bancarios de 12 meses, que permiten el cobro de la renta; también es frecuente que los propietarios soliciten contratos de trabajo e incluso avales paternos.

Otra de las herramientas que han cobrado cada vez más importancia para evitar el paso por los tribunales y para fomentar la puesta en alquiler de viviendas vacías, es la contratación por parte de las agencias inmobiliarias, de servicios de arbitraje: una vía de resolución de conflictos a través de profesionales no juristas, que se puede realizar tanto por la vía pública (a través del Instituto de Consumo) como por la privada y que tiene la misma validez que una sentencia judicial. El servicio se introduce como cláusula en el contrato de alquiler, aunque las agencias inmobiliarias suelen ofrecerlo como garantía de pago.

Según la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad (una de estas organizaciones privadas), el uso de este sistema de mediación permite deshacerse de un inquilino que no paga en una media de tiempo de 30 días.

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