Ciudadanos

Educación para la Ciudadanía

Tras el debate sobre la calidad de la enseñanza que marcó el curso pasado toca hacer borrón y cuenta nueva (cuanto antes mejor para evitar comparaciones). Éste será, sin duda, el curso de las reformas. La provincia llegó a septiembre con un incremento de 3.000 alumnos en las aulas y la oferta de libros gratis en las enseñanzas obligatorias. En 2008 se implantó el nuevo Bachillerato y se adaptaron las primeras titulaciones universitarias al Plan Bolonia, que contaron con protestas y sonoros encierros en la facultad. Septiembre llegó también con una decena de colegios en obras en toda la provincia y un problema de plazas para los comedores y las actividades extraescolares, situaciones que aún esperan una solución en la mayoría de municipios gaditanos. El compromiso de eliminar las aulas prefabricadas se quedó en el aire, aunque «todas las caracolas tienen un andamio detrás», dijo el delegado provincial Manuel Brenes. Tres meses después del inicio del curso los flecos siguen sueltos.

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Una oposición frontal a la asignatura y hasta una plataforma de padres contrarios a que la materia siga formando parte de los planes educativos. Todo se fraguó en año que enlaza el final del curso pasado y el inicio del que corre. Éste es el segundo desde que el Gobierno implantó Educación para la Ciudadanía en todos los centros escolares para la difusión de valores democráticos. En la provincia se han presentado más de 2.000 objeciones y unos 80 recursos judiciales, una de las cifras más altas de toda Andalucía. Sus firmantes aseguran que han sufrido amenazas y presiones del Gobierno central y el autonómico por negarse a que sus hijos la cursen y se reafirman en que esta materia pretende adoctrinar a los estudiantes. Lo último es la posibilidad de recurrir las calificaciones negativas de la asignatura para aquellos alumnos que se encontraron con un suspenso sin recibir notificación alguna. Sienta precedente un recurso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que se reconoce la «denegación fáctica» de la objeción.