La resolución de la discordia

a Delegación Provincial recuerda que los hechos fueron denunciados por los agentes de Medio Ambiente en septiembre de 2001, «fecha en la que empezó a construirse». En cuanto a la demora en la resolución del proceso administrativo iniciado por la Consejería, se debe al inicio de un proceso penal contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio. Este proceso suspendió el procedimiento administrativo en 2002 hasta que en 2004 el juzgado de lo penal dictó sentencia donde absolvió al dueño de la finca. Entonces siguió el procedimiento administrativo y se dictó resolución definitiva en marzo de 2006, cuando se le impuso la obligación de restituir el terreno con la demolición de lo construido. Al no cumplir la orden de demolición, la Consejería actúa de forma subsidiaria para restaurar la legalidad. Esto supone que los costes tendría que pagarlos el infractor, ascendiendo los mismos a 98.000 euros.