¿Un pequeño hotel en zona prohibida o una casa para sus hijos?

Francisco Coronil Márquez es el propietario de la vivienda rural que la Consejería de Medio Ambiente pretende derribar, en los próximos días, en la pedanía benaocaceña de Tavizna, por encontrarse en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema y por haber sido construida en una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar. Dicho derrumbe trató de hacerse efectivo el pasado jueves 29 de diciembre pero la reacción de los vecinos de Tavizna evitó que las máquinas echaran abajo la vivienda de Coronil.

El propietario sale ahora a la luz pública y se defiende, asegurando que construyó la casa «con mucha ilusión» ya que su intención era la de «asegurarle a mis hijos un hogar, puesto que el trabajo está muy difícil y no se encuentran en circunstancias de acceder a una vivienda». Con esta aseveración desmiente, de paso, que se haya creado una instalación hotelera como «Medio Ambiente trata de hacer ver, una y otra vez, para desprestigiarnos y hacer que la opinión pública se ponga en nuestra contra».

Para demostrar esta situación invitaron a LA VOZ a conocer la vivienda y asegura que está «dispuesto a enseñarle la casa a quien quiera comprobar que lo que digo es la verdad, incluidas, por supuesto, la delegada provincial y la consejera e incluso el propio presidente de la Junta de Andalucía», aseveró Coronil.

En tres partes

En concreto, la vivienda que construye se ha diseñado separándola en tres pequeños apartamentos que pretenden acoger a sus distintos hijos. De hecho, dos de los tres apartamentos se encuentran totalmente en bruto «pendientes de que ellos los arreglen porque yo les he construido lo de fuera y se los he entregado para que ellos lo pongan por dentro como quieran», asegura Coronil. A lo que añade: «Cómo voy a utilizar de hotel un sitio que está totalmente en bruto, con ladrillos y cemento al aire, lleno de los pájaros que entran en la vivienda y sin la más mínima comodidad». Asimismo, asegura que la casa «está así desde que se construyó en 2001 y no creo que nadie estuviera dispuesto a pagar por pasar una noche en un lugar en estas circunstancias».

El propietario reconoce que el primer culpable de esta situación «soy yo, que he construido la vivienda». No obstante, entiende que existe una corresponsabilidad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que «durante muchos años han mirado para otro lado, e incluso nos han dado permisos verbales para construir y han hecho que entre los vecinos se implante la idea de que pagando la multa que nos ponían no pasa nada». Por ello, entiende que «las administraciones deben acabar con esta situación, paralizar las órdenes de derribo, y ponerse a buscar una solución», teniendo en cuenta que «aquí vivimos personas y que en muchos casos estas casas son lo único que tenemos y el fruto del trabajo de toda una vida».

Toda la vida trabajando

«La dificultad que tienen los jóvenes en general para el acceso a la vivienda, y en particular mis hijos, ha propiciado que yo comparta ideas con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y entienda que hay que facilitar dicho acceso», asegura Coronil, añadiendo que «llevo trabajando desde los 13 años, cuando me fui al descorche; después he estado tres años emigrado en Alemania y 40 años más trabajando de camarero, que es como estoy ahora, y he invertido todo lo ganado en eso, en tratar de facilitar la vida a mis hijos». El propietario y su familia entienden que «estamos pasando un calvario muy grande por culpa de la vivienda y que a nadie le quepa la menor duda de que somos una familia humilde y trabajadora que aunque hayamos cometido un error importante no tratamos de especular». Asegura, además, que «con todo este calvario que vivimos creo que hemos pagado con creces el error cometido».

Adelante

A todo esto, la Delegación Provincial de Medio Ambiente ha asegurado que tratará de derribar «el hotel cuanto antes», reiterando por su parte los propietarios su invitación a la delegada provincial para que «compruebe que esto no es ningún hotel», al tiempo que les piden que «ya que no nos han dejado pasar las fiestas tranquilos que por lo menos nos den la esperanza de que existe alguna posibilidad de buscar una solución». Lamentan que un nuevo miembro de su familia, una nieta de seis meses, «no haya podido disfrutar de una familia unida y feliz, ya que hemos pasado las peores navidades de nuestra vida», asegura el padre de familia.

El coste del derribo, que ascienden a casi 100.000 euros, es otro de los asuntos que preocupan bastante a Coronil y su familia. «Como he expresado antes, yo entiendo que hemos hecho algo que no se debe pero recuerdo que hay miles de personas en toda la provincia que también han construido en zonas ilegales y no creo que por ello haya que destrozarles la vida, como están haciendo con nosotros». Entiende que el hecho de perder la vivienda, algo que podrían incluso llegar a asumir en el peor de los casos, es suficiente castigo para alguien que «ha cometido una falta en la vida que claro que tenemos que pagar, pero no hemos matado a nadie para que se nos trate como se está haciendo».