Zapatero pidió el visto bueno de Montilla al fondo de convergencia autonómica

José Luis Rodríguez Zapatero no abrió la ronda de negociaciones sobre financiación con José Montilla por casualidad. El jefe del Ejecutivo quería obtener su visto bueno a la creación del hasta ahora inexistente tercer fondo de convergencia -que premiará a las comunidades que realizan un mayor esfuerzo fiscal, pero también distribuirá recursos extra entre las autonomías más pobres- antes de planteárselo al resto de presidentes regionales. Fuentes de la negociación conceden una enorme trascendencia a la cita que el pasado 20 de diciembre tuvo lugar en La Moncloa y afirman que supuso un «antes y un después» en la definición de un modelo con vocación de permanencia que regirá para quince territorios.

La crítica de que el encuentro con el presidente de la Generalitat -y a renglón seguido con otros seis jefes de gobierno autonómicos- no fue más que un 'teatrillo' para salvar los muebles por el incumplimiento del plazo comprometido para la obtención de un nuevo sistema fue rápidamente desmentida por las citadas fuentes. A pesar de que tanto el vicepresidente económico, Pedro Solbes, como el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, han asegurado que para llegar a este punto se celebraron cerca de setenta reuniones con las distintas comunidades autónomas, en el Ejecutivo aseguran que sin la visita a Madrid de la delegación de la Generalitat habría sido difícil presentar el borrador, aún sin cifras y deliberadamente vago, con el que el tándem Solbes-Ocaña despidió el año. En la reunión, en la que también participaron el consejero de Economía, Antoni Castells, y su 'número dos', Martí Carnicer, no sólo se logró el 'sí' catalán a los fondos de convergencia autonómica, sino que también se buscó su aprobación a la inclusión de nuevos criterios de reparto distintos del mero número de habitantes, sin los que sería muy difícil lograr el apoyo de los territorios menos desarrollados como Extremadura o Asturias, con menor población pero más envejecida y más dispersa. «Nosotros -admiten en el Ejecutivo- necesitábamos que esos elementos de ponderación estuvieran ahí para que se sumaran otras comunidades autónomas».

Las fuentes consultadas sostienen, aun así, que también fue clave la entrevista inmediatamente posterior con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, a quien se pidió igualmente opinión sobre los nuevos fondos que complementan a los ya existentes, aunque rediseñados: fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales (que debe garantizar que todos los ciudadanos reciben el mismo nivel de prestaciones en educación, sanidad y servicios sociales independientemente de dónde residan) y fondo de suficiencia (que financia el resto de competencias transferidas y asegura que ningún territorio obtiene menos de lo que tiene hoy). Que aceptara fue muy «importante», dicen, para seguir adelante.

«Muy pensadas»

El siguiente paso fue convocar a Esperanza Aguirre. El Partido Popular ya se había lanzado a deslegitimar un acuerdo pergeñado entre Zapatero y los dos principales barones socialistas. Por eso el entusiasmo de la presidenta madrileña, el lunes 22, y la ausencia de pegas por parte del de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el 24, permitieron que la negociación «cogiera impulso».

No todos los presidentes autonómicos fueron llamados a La Moncloa antes de que el Ejecutivo hiciera pública su propuesta y todo tiene su razón de ser. Se trataba de desactivar a los más conflictivos. «Fue muy pensado por qué se recibía a unos y no a otros», admiten fuentes gubernamentales. Al Ejecutivo le preocupaba el criterio del extremeño Guillermo Fernández Vara y el asturiano, Vicente Álvarez Areces -los quintos en lograr audiencia-, porque sus comunidades son las que mejor paradas salen con el sistema de 2001 y, en consecuencia, eran las menos entusiastas con una reforma que se aborda, fundamentalmente, por deseo expreso de Cataluña, que siempre se ha quejado de que aporta mucho a cambio de muy poco. El propio Pedro Solbes convino el pasado miércoles en que el 'Estatut' ha ejercido de «palanca» para la revisión del modelo.

Galicia, o mejor dicho su presidente, intentó en cambio retrasarla. Fuentes gubernamentales aseguran que Emilio Pérez Touriño quiso posponer las negociaciones a mayo o junio para evitar su impacto en la campaña electoral. Zapatero no aceptó, pero a cambio accedió a una prebenda con muy buena venta: el modelo tendrá en cuenta el coste adicional que para las comunidades con lengua propia supone el bilingüismo.