La Consejería defiende el derribo
La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, confirma su intención de llevar a cabo la demolición de «la casa rural-hotel en Tavizna», ubicada dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Para ello se basa en que la vivienda está construida en «espacio natural protegido y afecta a una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar».
Actualizado: GuardarLa delegada provincial de Medio Ambiente, Gema Araujo, asegura que procederán a enviar un informe al juez sobre lo sucedido ayer e incluso barajan la posibilidad de llevar ante la fiscalía la «actitud del alcalde, Juan María Manganas (PP)». Araujo lamentó que «entre él y los vecinos hayan impedido la demolición que cuenta con una sentencia firme y se tenía que haber ejecutado ayer», además añadió que «el PP ampara a alcaldes que desprecian la legalidad vigente y esperamos, por tanto, que se tomen medidas».
La Delegación recuerda que los hechos fueron denunciados por los agentes de Medio Ambiente en septiembre de 2001, «fecha en la que empezó a construirse». Añadiendo que la demora en la resolución del proceso administrativo iniciado por la Consejería se debe al inicio de un proceso penal contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio. Este proceso suspendió el procedimiento administrativo en 2002 hasta que en 2004 el juzgado de lo penal dictó sentencia donde absolvió al dueño de la finca del delito de ordenación del territorio. Entonces siguió el procedimiento administrativo y se dictó resolución definitiva en marzo de 2006 donde se le impuso la obligación de restituir el terreno con la demolición de lo construido. Al no cumplir la orden de demolición, la Consejería actúa de forma subsidiaria para restaurar la legalidad. Esto supone que los costes tendría que pagarlos el infractor, unos 98.000 euros.
