Una amenaza de huelga como telón de fondo

orenzo del Río, representante de la asociación Francisco de Vitoria, cree que el Gobierno se equivoca en la puesta en escena de la reforma legal del régimen disciplinario, que exige mayoría absoluta en el Parlamento y, por lo tanto, un amplio consenso. Las decisiones «a golpe de acontecimiento» no son la mejor manera de cicatrizar la herida abierta en la judicatura, que podría acabar en una huelga laboral si prosperan las convocatorias de Murcia y Extremadura para el próximo 18 de febrero, a las que podrían unirse otros territorios. Gimeno, de Jueces para la Democracia, propone «ir al grano» con la modernización de la Justicia y no caer en «debates estériles» como el caso Tirado, que está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo. Para ello exige a la clase política que «deje de buscar culpables e ir a lo fácil» y se comprometa «de una vez» a solucionar sus demandas. Antonio García, de la conservadora APM, pese a mostrarse mucho más combativo y pedir la dimisión del ministro Fernández Bermejo -«su gestión es la peor de los últimos años con muchísima diferencia»- manda un mensaje de «responsabilidad y serenidad». Pide a los jueces díscolos que desactiven las protestas pese al «cabreo» latente en toda la judicatura, incluidas las asociaciones, cuyo idilio con el Gobierno ha durado apenas tres meses.