Zapatero hará su oferta de financiación sin recibir a todos los presidentes

José Luis Rodríguez Zapatero cerrará su propuesta sobre financiación sin haber recibido a todos los presidentes autonómicos. El Gobierno tiene previsto remitir a las autonomías un documento con los ejes básicos del nuevo sistema a lo largo de esta semana, muy posiblemente antes del próximo miércoles. De este modo cumplirá el compromiso que adquirió con la Generalitat catalana tras ignorar el verano pasado el plazo límite del 9 de agosto de 2008 fijado en el Estatut.

Ocho jefes de gobierno regional se quedarán sin su cita en La Moncloa. El Ejecutivo considera, no obstante, que a lo largo de los últimos seis meses ha celebrado alrededor de setenta reuniones con todas las autonomías afectadas por la reforma -todas menos el País Vasco y Navarra- y que el asunto ha sido suficientemente debatido entre los responsables económicos de cada administración.

Zapatero ha recibido a lo largo de la semana a siete presidentes, los siete que podrían haberle planteado mayores problemas para llevar a buen puerto la negociación.

La primera cita, casi obligada, fue con el catalán José Montilla. La presión interna a la que ha tenido que hacer frente en los últimos meses el líder del PSC amenazaba con estallar y alcanzar al Ejecutivo central. De ahí que el presidente del Gobierno, pese a ser consciente de que el acuerdo definitivo sobre el nuevo sistema no podría cerrarse hasta finales de enero, optó por escenificar su voluntad política y su implicación personal en la consecución de una financiación adecuada para Cataluña. Aunque en un primer momento había dudas, la estrategia ha surtido efecto. La Generalitat ya prepara el terreno para un sí y ha empezado a vender entre los suyos la idea de que su «guión» para cambiar al modelo se está cumpliendo al dedillo.

El único problema de una estrategia exitosa fue que el encuentro con Montilla activó las alarmas de distintas comunidades autónomas. Zapatero, sin embargo, ha conseguido apagarlas una tras otra mediante una táctica bien calculada. Primero, el mismo sábado, se reunió con Manuel Chaves, presidente de Andalucía, la comunidad más poblada de España y también gobernada por el PSOE. En su día Chaves se mostró partidario de aparcar la reforma del sistema hasta que amainara la crisis económica, así que era importante ganarle para la causa. Sobre todo, porque su visto bueno al modelo podría haber tranquilizado a las comunidades menos ricas. Pero no fue así porque cada gobierno regional tiene sus particularidades y saber que el criterio de población sería fundamental para el reparto del dinero despertó los temores de quienes como Extremadura tienen pocos habitantes y además se reparten en núcleos muy dispersos. El PP, además, se echó encima del jefe del Ejecutivo y le acusó de dar un trato exclusivo a dos de los suyos.

Aguirre, la llave

Ante esta situación, el siguiente paso de Zapatero, el lunes pasado, fue llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Era la llave para desactivar de paso a la oposición. Después de que se quedara «encantada» sólo restaba neutralizar al otro gran barón autonómico popular. El miércoles, poco antes de Nochebuena, recibió al valenciano Francisco Camps, que a la salida tampoco expuso críticas. Pacificadas las grandes regiones tocaba hablar con tres de sus hombres, justo los tres que presiden comunidades con características muy diferentes de las de Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana.

A Emilio Pérez Touriño, el gallego, le contentó con un regalo que le servirá en su campaña electoral para los comicios regionales del próximo mes de marzo: la «alta probabilidad» de que el nuevo sistema compense a las comunidades con lengua propia por el coste adicional que supone la preservación del bilingüismo.

El extremeño, Guillermo Fernández Vara, quedó satisfecho con que se contara con él para «construir» el modelo; como el asturiano, Agustín Álvarez Areces, se alegró de que la dispersión se introducirá como factor corrector de un sistema que sobre todo otorga recursos en función de la población de cada comunidad; y destacó que el modelo perseguirá la cohesión territorial, a pesar de que la igualdad en la prestación de servicios (tarea del fondo de nivelación) sólo se aplicará, como siempre quiso Cataluña, a sanidad, educación y servicios sociales y no al resto de competencias.

Si los presidentes de Aragón, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, Canarias o La Rioja tenían algo que decir personalmente al jefe del Ejecutivo, deberán esperar o hacerlo por teléfono, como ya hizo el domingo pasado Juan Vicente Herrera, el castellano-leonés.

El presidente del Gobierno está de vacaciones en Doñana y no volverá a La Moncloa hasta el 2 de enero. Mientras, el Ministerio de Economía ultimará su propuesta, la pondrá negro sobre blanco y la enviará a todas las comunidades para que puedan estudiarla antes de la reunión multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se espera definitiva.

No será pues hasta enero cuando empiece a hablarse de dinero contante y sonante. Hasta ahora, lo que se ha definido es que las comunidades tendrán más autonomía financiera al alcanzar una participación del 50% del IVA y el IRPF (ahora están en el 33% y 35%, respectivamente) y del 58% de los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco y alcohol, que están en el 50%). También se actualizarán las cifras de población, porque aún se funciona con los datos de 1999, cuando había unos cinco millones de personas menos, y se ponderarán criterios como el volumen de inmigrantes, el envejecimiento y la dispersión territorial de los habitantes, que encarecen los servicios.

El Ejecutivo garantiza que habrá más recursos para todos. Lo que no está claro es si, como persigue Cataluña, se modificarán los criterios de solidaridad hasta el punto de hacer imposible que las comunidades con mayor renta per cápita pierdan su posición en el ranking después del reparto del fondo de nivelación. José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a que, con el nuevo sistema de financiación que ahora está en proceso de negociación, «todas las comunidades van a ganar y a tener más recursos» para atender a su población.

No obstante, el presidente del Gobierno quiso ayer despejar algunas dudas y matizó que ese dinero adicional no será para gastar en cualquier cosa sino para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos. El 80% de estos fondos, precisó, tendrá como destino obligado mejorar la sanidad, la educación y las políticas de dependencia.

Rodríguez Zapatero aclaró que «cuando estamos hablando de financiación autonómica no hablamos de poner dinero a los gobiernos autonómicos sino de reducir las listas de espera, de renovar los centros de salud, de que Internet llegue a todos los centros educativos, de mejorar becas, y de desarrollar lo más rápido posible la ley de dependencia». El jefe del Ejecutivo insistió en que el proyecto político y social que inspira el nuevo modelo de financiación es que «los ciudadanos de Almería, Orense, Girona o Cádiz sepan que todas las comunidades autónomas van a tener más recursos que compromete el Estado, pero cuyo destino último son las tres joyas de nuestro estado del bienestar, que queremos preservar, mejorar y fortalecer».