Los compromisos con Delphi

El principio jurídico de que los acuerdos vinculan y están para cumplirse (pacta sum servanda) obliga a la Junta y al Gobierno. En julio de 2007, la bonanza económica era incuestionable, las vacas gordas parecían eternas y nadie preveía el cataclismo financiero que aguardaba a la vuelta de unos pocos meses. Hoy hubiera sido difícil, si no imposible, que las administraciones se pillaran los dedos con promesas de este tipo.

El colectivo de parados del sector de la construcción generado por la coyuntura económica actual es aún mayor que el de ex trabajadores de Delphi (y no sólo en la provincia de Cádiz) y los planes puestos en marcha por las administraciones autonómica y central para hacer de paraguas al chaparrón que le cae a este otro nicho productivo distan mucho de los que disfrutan los excedentes de la factoría puertorrealeña. Aún así, también van a contar con cursos de formación (tanto los que vengan de la construcción como de otros sectores) encaminados a reciclar a estos desempleados hacia otras ramas de actividad y becas similares a las que vienen percibiendo los miembros del colectivo Delphi por asistencia a los cursos de formación. Es fácil dejarse llevar por la demagogia y clamar que no puede haber parados de primera y de segunda, que no los hay ni los puede haber. El error parte de los compromisos adquiridos por la Administración autonómica. Las competencias en materia de prestaciones por desempleo son del Gobierno central y la Junta no debió comprometerse a dar algo que no tiene.

Sin embargo, la firma estampada en dos documentos debe ser indeleble, los gobiernos no se pueden sustraer de sus compromisos. Se ha dispuesto de año y medio para dar cobertura legal a la ampliación del paro para este colectivo y no se ha hecho. A fin de julio, todos habrán agotado sus prestaciones. Aún hay tiempo. En siete meses se verá si también hay voluntad.