Condenado un narco de La Isla que reincidió tras obtener una suspensión de la pena

En febrero de 2007, José Antonio Benzo Cuesta, conocido también como El Benzo o El Chico, era condenado por la sección de Jerez de la Audiencia Provincial a dos años de prisión por un delito contra la salud pública. Al no tener antecedentes hasta ese momento y recibir una pena que no superaba los 24 meses, obtuvo una suspensión de la ejecución. Es decir, se libró de entrar en prisión a cambio de que no cometiera ningún delito en los tres años siguientes. Sólo transcurrieron cuatro meses de ese fallo judicial para que volviera a caer en manos de la Policía Nacional. El beneficio del que había disfrutado no le apartó del negocio de la cocaína.

Este traficante a pequeña escala acaba de ser sentenciado por segunda vez y por el mismo motivo: venta de dosis de polvo blanco a consumidores, en este caso, de La Isla. Su arresto se produjo a finales de junio de 2007 tras una investigación realizada por el Grupo de Estupefacientes de San Fernando y en colaboración con la Policía Local. Hasta la comisaría habían llegado las quejas de vecinos por el trapicheo de drogas que se producía en el barrio del Merendero, en especial en la calle Florencio Montojo donde tiene ubicada su residencia el Benzo. En esas quejas se daba su nombre como uno de los posibles traficantes.

A los agentes sólo les valió apostarse tres días en las inmediaciones de su vivienda para comprobar las idas y venidas de clientes que solían esperar al traficante en la puerta hasta que éste bajaba con la mercancía. Para aportar pruebas del negocio que se llevaba entre manos el ahora condenado, interceptaron a varios de estos consumidores a los que les requisaron dosis de cocaína que El Benzo les acababa de vender.

El día del arresto al procesado le intervinieron cerca de 20 gramos de sustancia estupefaciente y fue enviado a prisión al haber quebrantado el compromiso adquirido para obtener la suspensión de la pena.

Recientemente se debía celebrar la vista oral en la Sección Primera de la Audiencia. La Fiscalía había presentado un escrito de acusación en el que solicitaba siete años y medio y una multa de 2.000 euros. Incluía el agravante de reincidencia en un traficante que había sido cazado sólo cuatro meses después de haber sido sentenciado.

Su defensa había preparado una petición alternativa ante las pocas probabilidades de obtener una absolución, que consistía en contemplar una adicción a las drogas del procesado para atenuar la condena hasta los tres años. Sin embargo no se celebró la vista oral porque ambas partes llegaron a un acuerdo. El Ministerio Público aceptó reconocer al acusado como un adicto cuya drogadicción afecta levemente al control de su voluntad. La pena final se quedó en cuatro años.

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