El PSOE acusa al Poder Judicial de transmitir una imagen penosa

El PSOE acusó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de ser «rehén de las asociaciones judiciales y del corporativismo» de la magistratura y de haber transmitido a toda la sociedad española una imagen «penosa» y de «debilidad».

La durísima reacción oficial del partido que sostiene al Gobierno se produjo dos días después de que el pleno del CGPJ se plegase a las presiones de la carrera, descartase la suspensión de empleo y sueldo solicitada para Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, y confirmarse la multa de 1.500 euros como única sanción por su participación en el escándalo de la niña Mari Luz.

Rafael Tirado es el máximo responsable del juzgado que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortes, que posiblemente la mató, cuando aún seguía en libertad provisional, el 13 de enero pasado. El Poder Judicial, gracias a la piña que formaron los vocales procedentes de la magistratura, rechazó el martes pasado, por catorce votos a siete, imponer a Tirado los tres años de suspensión que reclamaba la Fiscalía y calificó lo ocurrido como una falta grave de retraso injustificado, fruto de una «desatención leve de sus funciones», que no merece más reproche disciplinario que la multa.

Cinco de los vocales no jueces y el ponente del expediente, Félix Azón, defendieron sin éxito que los hechos sí que constituyen una falta muy grave y exigieron seis meses de suspensión para el magistrado sevillano, lo que también le hubiese acarreado la pérdida de la plaza. Juana Gálvez, la secretaria del juzgado sevillano, fue sancionada por el Ministerio de Justicia en octubre pasado a dos años de suspensión por los mismos hechos.

El PSOE fue ayer el primer partido que se sumó en público a las duras críticas que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el padre de la niña asesinada, Juan José Cortés, ya realizaron el pasado martes a la decisión del Poder Judicial. Fernández Bermejo dijo estar en total desacuerdo con una sanción «enormemente escasa», por lo que anunció una reforma para endurecer el régimen sancionador de los jueces, y Juan José Cortes lamentó que el CGPJ hubiese actuado por intereses corporativos y definió el acuerdo mayoritario como «una vergüenza nacional».

«Actuaron por miedo»

Los socialistas no van a quedarse sólo en el terreno de la crítica y, a través de su secretario de Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, anunciaron que van a pedir la comparecencia «urgente» en el Congreso de Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial y uno de los catorce que apoyó mantener la multa, para que dé explicaciones sobre esta decisión. Como el ministro, el dirigente socialista se mostró partidario de hacer reformas urgentes en el funcionamiento del Poder Judicial, para evitar más decisiones como ésta.

Cuesta, que también preside la Comisión de Justicia de la cámara baja, denunció que el CGPJ «no ha estado a la altura» y que «ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que lo eligieron» en septiembre pasado.