El Poder Judicial se pliega a la judicatura y mantiene en su puesto al juez Tirado

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se plegó ayer a las exigencias de la magistratura y rechazó suspender de empleo y sueldo al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Rafael Tirado, que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia firme que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, muerta en enero pasado.

Los vocales del CGPJ procedentes de la carrera judicial, sin distinción entre conservadores y progresistas, formaron una piña en el último pleno del año y por 14 votos a 7 rechazaron el recurso de la Fiscalía, que reclamó que Tirado fuese suspendido en sus funciones durante tres años como responsable de una falta muy grave de desatención de su juzgado.

Con el presidente Carlos Dívar a la cabeza, los vocales de procedencia judicial también revocaron el recurso del magistrado sevillano, que aspiraba a no recibir sanción alguna porque no se considera autor de actuación punible. Tras la polémica renovación del CGPJ, tres meses de discusiones internas, una insólita huelga en la justicia, numerosos aplazamientos de la decisión y un enorme debate social y político, el Poder Judicial ratificó la sanción que ya había impuesto al juez Tirado el anterior consejo el 9 de septiembre pasado: una multa de 1.500 euros por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de los asuntos, consecuencia de «una desatención leve».

Los vocales no magistrados, llegados al consejo como juristas de reconocido prestigio, se quedaron en minoría a la hora de defender una sanción más dura para el juez sevillano, al que consideran autor de una falta muy grave de desatención de sus funciones que creen que debería acarrearle seis meses de suspensión de empleo y la consiguiente pérdida de la plaza en el Juzgado Penal 1 de Sevilla.

A estos cinco juristas propuestos por PSOE, CiU y PNV sólo se les unió en la demanda de una sanción más dura el vocal-magistrado Félix Azón. Los seis razonarán la postura minoritaria en un voto particular.

La mayoría contraria a endurecer la sanción a Tirado, de hecho, la forman quince vocales, trece magistrados y dos juristas, pero Concepción Espejel, propuesta por el PP, no unió su voto a los catorce de sus compañeros porque incluso la imposición de una multa le parece excesiva. Es el único vocal que está de acuerdo con el recurso de Tirado y que defiende que el magistrado no hizo nada punible.

La sanción confirmada ayer fue calificada en su día por el Gobierno, la Fiscalía, la familia de Mari Luz y la mayor parte de los partidos políticos como «insuficiente». La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se alineó en público con el recurso de la Fiscalía y reclamó que el juez Tirado fuese suspendido durante tres años.

La opinión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fue casi idéntica y la puso por escrito cuando el 3 de octubre suspendió a Juana Gálvez, la secretaria del juzgado sevillano dirigido por Tirado, de empleo y sueldo durante dos años por una falta de negligencia y retraso injustificado en el ejercicio de sus funciones, y por la «gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos» con su «falta de diligencia».

Ayer, en declaraciones a Efe, Fernández Bermejo insistió en que el Gobierno «no está en absoluto de acuerdo» con la decisión y anunció que enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para evitar más casos como éste.

Pulso al Poder Judicial

La suspensión de la secretaria judicial y la exigencia de un endurecimiento de la sanción al juez de lo Penal desató una revuelta en el mundo judicial. El movimiento llegó a su punto culminante el 21 de octubre, cuando la mayor parte de los juzgados españoles pararon durante tres horas y los magistrados, sin derecho a la huelga, secundaron la protesta mediante la convocatoria de juntas de jueces a las mismas horas del paro.

El mensaje de la magistratura, en forma de pulso, llegó claro al CGPJ ese mismo día a través de un insólito manifiesto respaldado por 46 jueces del Tribunal Supremo. Los magistrados del alto tribunal tacharon de intolerables e inaceptables las manifestaciones sobre este asunto realizadas por los poderes políticos y pidieron al Poder Judicial que estuviese «a la altura de las circunstancias» a la hora de resolver el expediente disciplinario de Tirado.

Rafael Tirado condenó en 2002 a Santiago del Valle a dos años y nueve meses de cárcel por abusar de su hija de cinco años. La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la sentencia al año siguiente, pero el ponente de la segunda resolución, que no ha sido sancionado porque los hechos están prescritos, tardó casi dos años en notificarla al Juzgado de lo Penal 1.

El órgano dirigido por Tirado, que debería haber encarcelado a Del Valle a partir de diciembre de 2005, ni siquiera había dictado orden de busca y captura para él el 13 de enero pasado, el día que se supone que asesinó a Mari Luz Cortés. De hecho, con más de dos años de retraso, el magistrado ordenó la urgente detención para ingreso en prisión de Del Valle al día siguiente del crimen.

Otra condena

El presunto asesino de Mari Luz Cortés ha sido condenado a otros tres años de prisión por los abusos realizados a una menor en la barriada sevillana de La Oliva en diciembre de 2006. En este juicio, Santiago del Valle llegó a reconocer que sentía «atracción sexual» por las niñas desde la muerte de su hija. Se trata de la tercera sentencia por abusos contra Del Valle, que ya acumula nueve años de prisión por este delito.