La Ley de Extranjería, un extraño regalo navideño
Al día siguiente de que, el pasado jueves, se celebrara el Día Mundial del Inmigrante, el consejo de Ministros aprobó una nueva Ley de Extranjería, extraño regalo navideño que nos brinda el Gobierno. Quizá, en dicha secuencia temporal, tenga mucho que ver el hecho de que hace ahora 18 años la ONU celebró la Asamblea que dio origen a la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Sólo 37 Estados la han ratificado, pero ningún país europeo lo ha hecho. Entre ellos, España. De entrada, la nueva Ley que sustituirá a la 8/2000 que propició el Partido Popular pretende adaptar la llamada directiva de la vergüenza, una norma comunitaria que fijado en un plazo de hasta 18 meses la posibilidad de retener a los inmigrantes en centros especiales o en prisiones convencionales, incluyendo en dicho paquete a los menores de edad y a criterio de funcionarios comunes y corrientes y no de jueces, como cabría exigir a cualquier estado de derecho. En el caso español, el tope a dicha fórmula de arresto alcanza a 60 días, cuando hasta ahora se limitaba a 40.
Actualizado:Organizaciones como Andalucía Acoge rechaza que dicha medida se estableza en función de la complejidad de las repatriaciones ya que, en palabras de su presidente Angel Madero, «no se debería privar de libertad ni un solo día por una falta administrativa», ya que esa es la consideración legal del hecho que supone cruzar una frontera de forma clandestina. También incorpora el nuevo texto legal el derecho a asociación, sindicación, manifestación, reunión y huelga que el segundo mandato de José María Aznar negó a los inmigrantes y que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de diversos partidos y organismos. El Tribunal Constitucional exigió, hace unos meses, que tales derechos, que nunca debieron ser conculcados, se restituyesen.
Si bien la nueva ley permite a las ONG acceder al interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros, siempre y cuando lo solicite alguno de los inmigrantes que permanezcan en su interior, tanto la Asociación pro Derechos Humanos como Andalucía Acoge han denunciado las malas condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (C.I.E.). En el caso de la provincia gaditana, existen dos establecimientos de este tipo que claman al cielo: se trata de la antigua cárcel algecireña de La Piñera, cuyas tasas de hacinamiento y penosa situación ha recibido numerosas denuncias, y el antiguo cuartel de la Isla de las Palomas, en Tarifa, que ni siquiera tiene consideración legal como CIE. Desde la oposición, diputados gaditanos como Salvador de la Encina exigieron mayor transparencia para acceder a dichas instalaciones pero no es hasta ahora, con la reforma de la Ley, cuando se permitirá que activistas sociales puedan comprobar su situación. ¿Podrán hacerlo también en el caso de Tarifa, si no tiene el rango oficial que esta nueva ley establece? A juicio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), en el centro algecireño «se producen numerosas violaciones de los derechos humanos», al margen de que, por norma general, los CIE «no respetan ni física ni jurídicamente los derechos fundamentales de las personas».
Para Andalucía Acoge, lo cierto es que «esta reforma del texto legal es la primera que realiza el gobierno socialista y supone el endurecimiento en algunos ejes de la política de inmigración». Especialmente dura es la que se refiere a la reagrupación familiar: en un principio, el ministerio de Trabajo e Inmigración que titula Celestino Corbacho pretendía impedir la llegada de ascendientes y descendientes. En el texto aprobado el viernes, el Gobierno acepta que los inmigrantes puedan traer a sus hijos y que, para ellos, la enseñanza se equipara a la de todos los españoles, esto es, obligatoria hasta los 18 años. Pero los inmigrantes no podrán traer a sus ascendientes hasta que lleven cinco años en este país y siempre y cuando sus padres tengan más de 65 años de edad, para que no puedan incorporarse por la puerta falsa al mercado laboral. Esta medida, según Andalucía Acoge, supone la violación de un derecho inalienable como sería el derecho a vivir en familia, siempre superior a cualquier norma. Desde las asociaciones de inmigrantes a otras organizaciones pro inmigrantes como Cardijn se ha lanzado ya una pregunta obvia: si muchos de ellos vienen para cuidar a nuestros padres, ¿por qué no pueden cuidar también de los suyos desde el primer momento? El texto que salió del Consejo de Ministros y que ahora sigue su tramitación, generaliza la asistencia letrada gratuita, al tiempo que elimina la moratoria que pesa sobre los ciudadanos búlgaros y rumanos desde su adhesión a la UE y que les impone restricciones para trabajar por cuenta ajena en España. Sin embargo, la ley, promulgada en vísperas de Navidad y en plena espiral de la crisis económica, ignora la demanda de derecho al voto para los inmigrantes, en las elecciones municipales, para lo que quizá debiera reformarse el artículo 13.2 de la Constitución de 1978.
A primera vista, lo que no parece probable es que, al contrario de lo que ocurriese en 1985 y en el año 2000, ahora pudiera abrirse un nuevo periodo de regularización de inmigrantes clandestinos residentes en nuestro país, al calor de la nueva Ley de Extranjería. Otra vez toca Santiago y cierra España.