Contra la piratería marítima en Somalia

No es éste realmente un fenómeno nuevo en los tiempos modernos si bien hasta hace poco estaba concentrado en otras geografías y resultaba menos relevante en cuanto a sus efectos, pero ha sido en esta zona del Océano Índico donde se han encendido todas las alarmas. Los últimos ataques han ido ganando en audacia y sus objetivos han ido en aumento de importancia hasta llegar al secuestro del ucraniano/beliceño Faina, con una carga importante de equipamiento y armamento militar, o del superpetrolero saudí Sirius Star, asaltado a unas 450 millas náuticas de costa y con crudo por valor de más de 100 millones de dólares.

Todos estos actos han puesto en riesgo el Programa Mundial de Alimentos para apoyo a la zona, han provocado el encarecimiento de los seguros sobre barcos y mercancías y algunas compañías contemplan desviar las derrotas de sus barcos por fuera de esas aguas (asumiendo los sobrecostes de ello derivados); mientras, está siempre latente el riesgo de que se produzcan víctimas inocentes o incluso una catástrofe medioambiental. El dinero de los rescates, aparte de realimentar los propios actos de piratería, está contribuyendo a alimentar la guerra civil y tal vez a financiar el terrorismo internacional. En el caso particular español el interés y la preocupación por el asunto vienen de años atrás en que nuestros atuneros (cerca de una veintena) que operan en aquellas aguas venían alertando de la amenaza, siendo el caso del secuestro y posterior liberación en abril de este año del Playa de Bakio (con gran repercusión mediática, junto al precedente cercano del velero francés Ponant) el punto de inflexión que ha marcado y acelerado la toma de decisiones para posteriores actuaciones (otro atunero español, el Playa de Anzoras, se libró por muy poco de otro secuestro similar en septiembre pasado).

Conviene señalar que la piratería está recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -firmada en 1982 en Montego Bay (Jamaica), en vigor desde 1994 tras ser ratificada por 60 países y ratificada por España en 1997- como uno de los actos perseguibles por cualquier Estado en la alta mar y en las aguas no sometidas a la jurisdicción de ningún Estado, con independencia del abanderamiento del barco pirata. Pero sin embargo, el delito de piratería no está recogido en nuestro Código Penal actual (al parecer, sí lo estaba en el anterior), por lo que la actuación legal contra los posibles piratas no está suficientemente amparada. Es ahora, en la próxima reforma que se está discutiendo en el Parlamento, cuando se va a reconocer dicho delito, lo que puede estar pasando un tanto desapercibido ante otras reformas sensibles e importantes que van en el mismo proyecto. Hasta ahora las medidas tomadas por la comunidad internacional lo han sido con independencia por cada nación de forma esporádica y circunstancial o, colateralmente, dentro de las actividades de la TF 150 en la operación «Libertad Duradera» contra el terrorismo de alcance global o del Grupo Naval Permanente nº 2 de la OTAN, aunque desde luego de forma no suficientemente coordinada. Pero los acontecimientos han llevado a la ONU a apoyar e impulsar las medidas para reprimir la piratería (Resoluciones 1814, 1816, 1838 y 1846 del Consejo de Seguridad) y a la Unión Europea, con protagonismo en la iniciativa por parte de Francia y España, a organizar primero una célula de coordinación en Bruselas (con un oficial español al frente) para intercambio de información y planeamiento y a poner en marcha después la operación «Atalanta» que inicia ahora sus singladuras.

España ya ha anunciado que participará inicialmente con una fragata y un buque de apoyo (la fragata Victoria y el petrolero Marqués de la Ensenada, ambos con base en Rota, con helicóptero y equipo de Infantería de Marina embarcados), además del avión P-3 Orión de patrulla marítima ya desplegado en aquella zona (cuya intervención contribuyó a evitar el secuestro de un buque panameño a finales de octubre), y optará al mando de la fuerza naval a partir del segundo trimestre del año que viene.

La operación «Atalanta» (con dos niveles de mando, el operacional/estratégico en Northwood, con el Vicealmirante Phillip Jones al frente, y el táctico/operacional a bordo de uno de los barcos en la zona, con mando rotatorio entre los países participantes) nace para proteger a los barcos del Programa Mundial de Alimentos, proteger a otros barcos en tránsito por la zona y disuadir, prevenir y reprimir la piratería en aquellas aguas (incluyendo mar territorial somalí), cuenta ya con la participación anunciada de varios países de la UE y está abierta a terceros países que ya han mostrado interés en participar. La operación nace con todas las bendiciones de la comunidad internacional pero no va a ser sencilla y requerirá un esfuerzo importante, dadas las distancias implicadas y la extensión de la zona de operaciones (sólo las costas de Somalia tienen una longitud de unas 3.200 millas náuticas y la zona se extiende hasta 500 millas náuticas desde sus costas y las de los países vecinos). Sólo a través de la cooperación internacional y de la conjunción y coordinación de esfuerzos, con medios de exploración suficientes (principalmente aéreos), una inteligencia adecuada y sobre todo una voluntad decidida de atajar el problema en todas sus vertientes, con instrucciones y reglas de comportamiento claras a las unidades implicadas en la operación (que podrán llegar al empleo de la fuerza de acuerdo con la legalidad internacional), se podrá garantizar en grado razonable el éxito de la operación. Teniendo claro siempre que hay que minimizar los riesgos para las tripulaciones y pasajeros de los barcos que naveguen por aquellas aguas y sin olvidar que la verdadera solución pasaría por atajar el problema en su raíz, en el territorio donde campan por libre todas estas bandas de piratas, lo que exigiría allí un gobierno estable con capacidad y voluntad para erradicar el delito de su territorio.