Justicia sin depurar
Desde la primera declaración de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida que habían garantizado la impunidad de los represores durante 15 años, una avalancha de procesos se precipitó sobre la frágil estructura judicial argentina, todavía contaminada por funcionarios afines con la ideología del régimen dictatorial. Cerca de 800 causas contra ex militares están en curso y a pesar de los reclamos, ninguno de los tres poderes de la república consigue adoptar medidas para acelerar los procesos por miles de desaparecidos.
Actualizado: GuardarHay propuestas de unificar los juicios por grandes centros de detención, una manera de agilizar los trámites y evitar que los acusados y los testigos desfilen durante años frente a los distintos jueces repitiendo los mismos testimonios una y otra vez.
No obstante, el Poder Judicial considera que la decisión corresponde al Congreso, que debería aprobar leyes que permitan avanzar con más celeridad a la justicia. Y el Poder Legislativo, si bien tiene en estudio algunas iniciativas, se resiste a sancionar leyes que luego puedan ser utilizadas por la defensa para alegar que no se respetaron las garantías de un juicio justo de los acusados.
Los abogados defensores de los derechos humanos hace tiempo que señalan que la justicia «nunca se depuró» y muchos de sus integrantes emiten fallos que parecen tender a garantizar la impunidad de los militares.
