Fortis tumba al Gobierno belga

Si de algo podía prescindir Bélgica en estos tiempos de incertidumbre era de una crisis política en la que se cuestionara la separación de los poderes del Estado y que le costara el puesto al primer ministro y a su equipo de gobierno. Pero eso es, exactamente, lo que este convulsionado país se encontró ayer de frente: a un Ejecutivo dimisionario en bloque porque a su jefe, Yves Leterme, le habían cogido en flagrante mentira, negando haber presionado al poder judicial en un tema mayor de Estado, el desmembramiento del banco Fortis, cuando esas maniobras habían tenido efectivamente lugar y las pruebas circulaban por la calle mientras Leterme engañaba al Parlamento.

La cosa, naturalmente, es rocambolesca. Como casi todo lo que tiene que ver con la política en Bélgica desde hace unos años. El asunto originario es el escándalo financiero que se suscitó en octubre cuando los Gobiernos de Bélgica, Francia y Holanda tuvieron que acudir en socorro de la principal institución financiera del primero de los países a causa de la crisis de las 'hipotecas basura'. Fortis estaba al borde de la quiebra, como afirmó el propio Leterme pocos días después. Una inyección de capital de 11.200 millones de euros, acordada por los tres gobiernos a finales de septiembre, fue seguida inesperadamente de la nacionalización de los activos holandeses del grupo por parte de La Haya. Ello forzó una negociación acelerada de Bruselas con el francés Banque Nationale de París (BNP) para que se hiciera cargo de los activos belgas del banco y salvara a la institución. París aceptó y Fortis, la ex Societé Générale de Banque, la palanca inversora de Bélgica desde el siglo XIX, a la que denominaban 'la vieja dama' y que emitió moneda propia durante buena parte de su existencia, amaneció francesa de la noche a la mañana para desconcierto y disgusto de gran parte de la ciudadanía local.

A los pequeños accionistas de Fortis la operación, que los dejaba en la ruina y sin posibilidad de levantar la voz, no les sentó nada bien. Desencadenaron un procedimiento judicial que hace pocos días les ha dado la razón: el tribunal de Apelación de Bruselas suspendió el día 13 el desmembramiento de Fortis y su venta a BNP.

El Gobierno de Leterme reaccionó con gran desabrimiento, anunciando una batería de acciones legales. El primer ministro arremetió contra los pequeños accionistas, acusándoles de poner en riesgo la supervivencia de la empresa y los puestos de trabajo. Del banco dijo que «había fracasado en su responsabilidad de gestión en el seno del sistema financiero belga». Amenazó incluso con retirar la aportación estatal al reflotamiento de Fortis «lo que sería muy bueno para el presupuesto del Estado», dijo.

Elevadas reclamaciones

El abogado de los pequeños accionistas no parece pensar lo mismo: la semana pasada reclamó 20.000 millones en daños y perjuicios, mientras al Gobierno le llovían otras reclamaciones: un millonario ruso que decía haber sido estafado o una aseguradora china, descontenta con la evolución de los acontecimientos en el hasta hace poco principal y más sólido grupo de banca y seguros del país belga eran pequeñas muestras del cataclismo desencadenado.

En medio de este caos, a comienzos de semana empezó a cundir el rumor de que el Gobierno habría mediado para que la judicatura, que debía visar favorablemente la venta de Fortis a BNP, no vetara la operación. El asunto alcanzó dimensiones tan alarmantes que Leterme se vio obligado el miércoles a dirigir un escrito a la Cámara negando haber intervenido en la operación. El documento no había terminado de recorrer el hemiciclo cuando, por así decirlo, por el lado opuesto entraba otra carta, esta vez del equivalente al presidente del Supremo, que publicaban medios locales el jueves, en la que se afirmaba, lisa y llanamente, que «se hizo todo lo posible (por parte de miembros del gabinete de Leterme) para que la decisión de la Sala 18 de la Corte de Apelaciones (la competente en el caso) no pudiera pronunciarse como estaba previsto».

Ayer, la prensa francófona belga caricaturizaba a Leterme con la nariz de Pinocho y otras chanzas, mientras la oposición flamenca reclamaba su dimisión, que se producía, junto con la del resto del Ejecutivo, mediada la tarde. El rey Alberto II tendrá que decidir si la acepta.