Argentina se indigna por la liberación de represores

El Gobierno argentino logró ayer evitar por el momento el escándalo internacional que desató el anuncio de excarcelación de una veintena de represores de la dictadura militar (1976-83), entre ellos el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, símbolo de la opresión durante el régimen que hizo desaparecer a 30.000 personas.

La Cámara de Casación Penal, que había dictado la orden, aceptó ayer la apelación del fiscal y por ahora los represores seguirán en prisión hasta que lo decida el Supremo. La presidenta, Cristina Fernández, calificó la resolución judicial como «una vergüenza» y rogó para que Astiz no termine siendo extraditado. «Me daría vergüenza que fuera un tribunal del exterior el que le lleve ante la justicia porque nosotros no pudimos hacerlo después de 25 años», lamentó.

La decisión de liberar a los reconocidos represores causó profundo malestar entre organismos de derechos humanos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se declaró «indignada» por el fallo. Y un grupo de asociaciones que sigue de cerca los procesos judiciales a represores de la dictadura emitió un comunicado en el que señalaba que «siete años después de la reapertura de las causas, persiste la incapacidad de los funcionarios de diseñar un plan que garantice a las víctimas y a la sociedad la realización del proceso de verdad y justicia en el marco del respeto de las garantías».

La excarcelación de los procesados, detenidos desde hace cinco años, fue aprobada por dos votos contra uno. En el fallo se argumenta que «la prolongación de la prisión preventiva, cualquiera sea el caso, debe respetar criterios razonables». De lo contrario, explicaron, se constituiría en «una pena anticipada». Pero esa posición presuntamente «garantista» fue contestada por abogados de organismos humanitarios, quienes sostienen que al tratarse de delitos de lesa humanidad la prisión preventiva debería prorrogarse hasta que las causas se eleven a juicio. La Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía presentaron apelaciones para frenar la excarcelación apenas fue conocido el dictamen y la Cámara de Casación las aceptó.

Astiz se erigió en emblema de la represión por su hipocresía, su crueldad y la impunidad de la que gozó hasta años después de sus crímenes. Casi no podía salir a la calle sin ser insultado, golpeado, amenazado y hasta escupido. En 1998 declaró a un semanario que se consideraba «el mejor capacitado para matar a un político o a un periodista» porque así lo había querido la Armada que le preparó para ello. Pero en 2003 las leyes de amnistía fueron derogadas y fue detenido.

En 1977, un año después del golpe de Estado, se infiltró entre familiares de desaparecidos que se reunían en una iglesia de Buenos Aires haciéndose pasar por hermano de una víctima. Los congregados no sólo confiaron en él sino que lo protegieron por ser el más joven. Pero Astiz realizaba un trabajo de inteligencia para la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la temible institución que actuaba como campo de exterminio. Denunció a una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, que fue secuestrada, torturada y arrojada al mar por reclamar a su hija.

La misma suerte corrieron dos religiosas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet. Las monjas fueron raptadas y hechas desaparecer, por lo que la justicia gala condenó a Astiz en ausencia en 1990, cuando gozaba de la protección de la ley de amnistía. El 'ángel de la muerte' también está acusado del asesinato en 1976 de la joven sueca Dagmar Hagelin cuando salía de una vivienda en Buenos Aires junto a otros jóvenes perseguidos. Su padre, Ragmar Hagelin, declaró ayer desde el país nórdico que la excarcelación de Astiz es «una bofetada en cada mejilla al pueblo argentino».