Sólo el 10% de los pubs cumple con la normativa vigente en materia de ruidos

La Policía Local de Jerez se encuentra inmersa en el dispositivo de revisión y control de la emisión de ruidos de los pubs y discotecas de la ciudad, que hasta el momento está arrojando unos datos poco esperanzadores. De hecho, de los 30 locales que se han sometido ya a inspección, tan sólo tres cumplen con toda la normativa legal al respecto.

Como ha podido saber este medio, los agentes se dedican fundamentalmente a comprobar los limitadores de potencia de sonidos con el fin de certificar si se encuentran en buen estado y cumplen con la función para la que fueron instalados: impedir que las ondas sonoras del establecimiento superen los 100 decibelios, que es el límite fijado en la mayoría de los casos. Lo que los funcionarios han podido constatar hasta el momento, sin embargo, es que algunos negocios carecen de los limitadores obligatorios; otros los tienen pero no funcionan adecuadamente o ni siquiera los utilizan, y hay algunos incluso que carecen de licencia de apertura.

El resultado es que sólo el 10% sigue a pie juntillas las ordenanzas, no sólo en materia de ruidos sino también en lo que respecta a la seguridad privada y a la venta de tabaco y alcohol a menores de edad. Así, aunque la ley obliga a tener un vigilante de seguridad para un aforo de 450 personas en adelante; dos guardas en el caso de 750 y otro más cada vez que se incremente el número en cien, la realidad es que casi ningún pub cuenta con la cifra adecuada, y mucho menos con personas formadas en esta materia.

En lo que se refiere a los menores, estas fuentes certifican que también existe cierta confusión al respecto, puesto que hay locales en los que se prohíbe la entrada a menores de 18 años, cuando todos los menores de 16 pueden entrar libremente en los establecimientos, siempre que no consuman alcohol ni compren tabaco. Una premisa que sin embargo tampoco se cumple, puesto que los más jóvenes acceden libremente a estas sustancias en la gran mayoría de los bares de copas.

En cuanto a las sanciones, el cierre de estos establecimientos en principio no se contempla, salvo que supongan un peligro inminente para los ciudadanos. A lo que sí se tendrán que enfrentar los propietarios es a penalizaciones económicas diversas que, en el caso de incumplimiento en materia de seguridad privada, por ejemplo, podrán suponer multas de hasta 30.000 euros para el local y de 3.000 para la persona que ejerza la actividad sin la preparación adecuada.