El Gobierno endurece las condiciones para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes

Cuatro meses de estudio de los Ministerios del Interor y Trabajo se han plasmado en un texto para abordar la primera reforma de la Ley de Extranjería en cinco años. Hoy ha llegado al Consejo de Minsitros y ha recibido el visto bueno. Los objetivos son endurecer las condiciones para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes, ya que sólo podrán venir los mayores de 65 años y si su familiar reside en España desde hace más de cinco; elevar las sanciones en la materia; ampliar el plazo de retención de los irregulares pendientes de expulsión; y aumentar la protección para las extranjeras maltratadas.

Después de las regularizaciones masivas de la anterior legislatura socialista, el Gobierno se propone ahora frenar la llegada de nuevos inmigrantes. Con ese trasfondo se ha redactado el proyecto. Su carácter restrictivo, y el giro que supondrá en política de inmigración, hacen pensar que el PP vote a favor de la reforma en el Congreso. De hecho, el pasado 21 de noviembre, los 'populares' presentaron una proposición de ley de reforma del articulado de Extranjería que incluía muchas de las ideas que se plasman ahora el anteproyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que el texto aprobado amplia los derechos de los 'sin papeles', aumenta la protección para las extranjeras maltratadas y los estudiantes foráneos, pero también refuerza los mecanismos de expulsión y aumenta el tiempo de internamiento de los irregulares pendientes de expulsión.

Nuevos requisitos para el reagrupamiento

El texto contempla que los extracomunitarios con permiso de residencia sólo puedan traer a España a hijos y cónyuges, es decir el "núcleo familiar estricto". La reforma no cierra la puerta a la llegada de ascendientes y otros parientes colaterales, pero pone límites. Sólo podrán ser agrupados después de que el inmigrante con papeles haya sumado cinco años de estancia legal y que, por tanto, haya obtenido la residencia permanente. Además, se exigirá que el reagrupante demuestre que cuenta con medios económicos para mantener a los recién llegados.

Con esta reforma el Gobierno también amplía el plazo de internamiento de los irregulares en centros a la espera de su deportación. En la vigente ley este período se fijaba en 40 días. Ahora el límite se eleva a los 60 días, muy lejos de directiva de la Unión Europea, que contempla hasta 18 meses de internamiento.

El nuevo texto recoge las novedades obligadas por las sentencias del Tribunal Constitucional de 2007, que declaró ilegales los artículos de la Ley de Extranjería promovida por el PP que negaban a los 'sin papeles' los derechos de reunión, asociación y sindicación. El nuevo articulado no sólo recoge estos derechos, sino que establece las condiciones de su ejercicio en igualdad de condiciones con cualquier inmigrante legal o español.

La reforma podría entrar en vigor en las primeras semanas del verano de 2009.