El Gobierno reforma la ley para limitar la reagrupación de los inmigrantes

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la primera reforma de la Ley de Extranjería en los últimos cinco años. El nuevo texto, en el que han trabajado en los últimos cuatro meses Interior y Trabajo, tendrá su eje principal en el endurecimiento de las condiciones para que los inmigrantes que están en España de manera legal puedan traer a sus familiares. El proyecto, que el Ejecutivo confía, dado su carácter restrictivo, que tenga el apoyo del PP, amplía los derechos de los sin papeles y aumenta la protección para las extranjeras maltratadas y los estudiantes foráneos, pero también refuerza los mecanismos de expulsión y aumenta el tiempo de internamiento de los irregulares pendientes de expulsión.

La tercera reforma de la vigente Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social no será demasiada extensa y se limitará, en la mayoría de los casos, a «aspectos técnicos», según fuentes del Ejecutivo. No obstante, en el Gobierno reconocen que el trasfondo del nuevo texto es frenar la llegada de nuevos inmigrantes ante la magnitud de la crisis y el continuo crecimiento del desempleo, que en 2009 puede alcanzar niveles por encima del 15%.

El pilar para evitar que el número de inmigrantes siga en ascenso será poner coto a las reagrupaciones familiares. El Ejecutivo propone en el proyecto que los extracomunitarios con permiso de residencia sólo puedan traer a España a hijos y cónyuges, es decir, el «núcleo familiar estricto». La reforma no cerrará la puerta a la llegada de ascendientes y otros parientes, pero con límites. Sólo podrán ser agrupados después de que el inmigrante haya pasado un tiempo prolongado de estancia legal y que, por tanto, haya obtenido la «residencia permanente». Además, traer a esos familiares estará condicionado a que el reagrupante demuestre que tiene medios para mantener a los recién llegados.

Derecho reglado

Según los técnicos que han trabajado en la reforma, las modificaciones van dirigidas a plasmar en el articulado que la reagrupación de familiares de segundo grado es un «derecho reglado» y no un «derecho universal». El Gobierno justifica estos cambios por el importante gasto social que generan estas personas no cotizantes. El proyecto busca aumentar la base de cotizantes a la Seguridad Social con la autorización a los hijos reagrupados para que puedan trabajar a partir de los 16 años.

El proyecto no sólo pretende ralentizar la llegada de extranjeros, sino también aumentar la capacidad para expulsar a los sin papeles que ya se encuentran en España. El Gobierno pretende ampliar el plazo de internamiento de los irregulares en centros a la espera de su deportación. En la vigente ley este período se fijaba en 40 días. Hasta última hora de la tarde de ayer, los técnicos todavía debatían hasta dónde aumentar el plazo: si a 60 días, como había defendido el Ministerio del Interior, o todavía más, de acuerdo a la directiva de la Unión Europea.

El Gobierno justifica la ampliación de este plazo por la necesidad de trasponer la polémica directiva europea de retorno de nacionales de terceros países, conocida por las organizaciones humanitarias como la «directiva de la vergüenza». No obstante, el anteproyecto que se aprobará hoy rechaza, como permite la normativa UE, aumentar hasta 18 meses el plazo máximo de internamiento acordado por los socios comunitarios. El texto asimismo incorporará mecanismos para evitar fraudes a los plazos de retención a la espera de la repatriación.

Terceros países

Otra directiva europea que entrará en la legislación con esta reforma será la de nacionales de terceros países residentes de larga duración. Esta directriz, que España debía haber traspuesto hace dos años, obliga a dar «autorización inicial de residencia temporal» a los extranjeros que hayan conseguido papeles en otros países de la UE. No obstante, éstos sólo podrán ocuparse por cuenta ajena cuando «la situación de empleo permita su contratación».

El último paquete de cambios serán los obligados por las sentencias del Constitucional de 2007, que declaró ilegales los artículos de la Ley de Extranjería promovida por el PP que negaban a los sin papeles los derechos de reunión, asociación y sindicación.

Por otra parte, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, anunció ayer que el Ejecutivo pondrá en marcha en enero un nuevo sistema informático para coordinar con algunas comunidades la concesión de permisos de trabajo tras el visto bueno del Ejecutivo central.