El inspector del 'caso Karlos' tendrá en enero una última posibilidad para el sobreseimiento

La operación Karlos ha estado marcada no sólo por la implicación de un personaje conocido como María José Campanario, sino también por las decenas de recursos planteados por las defensas y que han complicado el desarrollo procesal de una causa que corría el riesgo de eternizarse en los pasillos de los juzgados. Un último recurso será visto en enero en la Audiencia Provincial, cuando el juicio esté sólo a falta de una fecha. Y es un recurso trascendente, ya que dos de los acusados, si prosperan sus argumentos, podrían librarse de la vista oral y de los cargos que les imputan.

El auto de procesamiento que dictó el juez instructor del nº 1 de Cádiz en marzo y que concluyó con 34 imputados, fue respondido por varios letrados de las defensas con recursos contra esa decisión. Sólo fue estimado uno de ellos, el que supuso el archivo de las actuaciones contra la hermana de Carlos Carretero, supuesto cerebro de la trama. Dos abogados volvieron a recurrir, en este caso ante la Audiencia, y será el 20 de enero cuando se estudien las apelaciones del inspector Francisco Casto Pérez y del empresario José Luis López.

Los abogados de estos dos procesados buscan el último resquicio para que sus clientes obtengan un sobreseimiento sin tener que someterse a un juicio. El abogado del facultativo médico, Felipe Meléndez, argumenta en su recurso que no existen pruebas concluyentes para mantener una acusación de cohecho y falsedad documental contra su cliente. Además, también ataca a la instrucción judicial volviendo a incidir en fallos procesales, a su juicio, como la falta de notificación al Ministerio Público de los autos que autorizaban intervenciones telefónicas durante los tres primeros meses de pesquisas.

También esgrime en contra del primer juez instructor que tuvo el caso, antes de que se separase la causa en dos -operación Karlos y operación Halcón-, que prorrogó autorizaciones para seguir pinchando los teléfonos del cabecilla y de su cliente cuando éstas habían ya caducado en el tiempo. El letrado insiste en que esas irregularidades supusieron vulneración de derechos fundamentales. Si bien, el grueso de su recurso se centra en la falta de material probatorio contra Francisco Casto Pérez Lara.

En la misma línea de apelar a la nulidad del proceso está planteado el recurso del letrado José Álvarez, que defiende a José Luis López, también conocido como El Turronero. El empresario está acusado de haber sido el intermediario entre Carlos Carretero y varios clientes de la red, entre ellas María José Campanario, de la que supuestamente recibió 18.000 euros, según el auto de procesamiento, con el fin de obtener una pensión de incapacidad para su madre.

Primeras nulidades

La nulidad de la causa ha sido el principal arma empleada por la mayoría de las defensas para cerrar el caso antes de que llegue a juicio. De oficio, el juez instructor del nº 1 de Cádiz, después de recibir las diligencias de su compañero de Jerez que inició el procedimiento, anuló el contenido de las grabaciones realizadas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2006 y entre el 23 y el 26 de enero del mismo año porque las autorizaciones no fueron notificadas en tiempo y forma al fiscal. Sin embargo, la Audiencia desestimó anular todo el procedimiento en una vista celebrada en diciembre de hace dos años.

Tanto el fiscal como la acusación particular que esgrime el SAS y la Seguridad Social (INSS) coinciden en solicitar una pena de 10 años para el inspector médico por falsear supuestamente expedientes de incapacidad de personas que no tenían afección alguna. Sí hay disparidad en el caso de José Luis López, ya que el Ministerio Público pide cuatro años y medio y las acusaciones particulares elevan su solicitud a los ocho años.

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