Moratinos cesa al cónsul de Sao Paulo por redactar un informe crítico sobre la detención de Alfredo Prada

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha ordenado el cese del cónsul general de España en Sao Paulo, Fernando Martínez Westerhanusen, tras conocerse un informe reservado sobre el incidente que se produjo el pasado día 10 de diciembre con el dirigente del PP Alfredo Prada en un aeropuerto de Brasil. El documento vincula estos hechos con el supuesto trato que se dispensa a los brasileños en el aeropuerto madrileño de Barajas.

El departamento que dirige Miguel Angel Moratinos ha informado en un comunicado de que la decisión del cese se produce una vez oída la Junta de la Carrera Diplomática y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 674/1993 de Provisión de Puesto de Trabajo en el Extranjero para funcionarios de la Carrera Diplomática.

Este que esgrime Exteriores para el cese de Martínez Westerhanusen alude a la potestad del ministro de esta cartera para la "libre designación" de funcionarios, previa propuesta no vinculante de la Junta de la Carrera Diplomática. Los funcionarios nombrados por este procedimiento "podrán ser removidos discrecionalmente, independientemente del tiempo que hayan prestado sus servicios en el puesto de trabajo, oída la Junta de la Carrera Diplomática".

En el 'informe reservado', Martínez Westerhanusen traslada al Ministerio de Asuntos Exteriores, de manera detallada la "retención de Alfredo Prada", responsable de emigración del Partido Popular, ocurrida el día 10 de diciembre en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo.

El cónsul expone en el informe que lo ocurrido tiene características de "retorsión" -la acción de devolver o inferir a alguien el mismo daño o agravio que ha recibido- "aplicada por el trato que supuestamente se dispensa a los brasileños en el aeropuerto de Barajas". Además, explica el comportamiento que le dispensó al propio cónsul el Comisario de Policía, que le mandó callar bajo la "amenaza" de acusarle de coacción a la Policía, la actitud "un poco humillante" que mantuvo el fiscal, que "fue complementada por la de la jueza", quien recurrentemente añadía la "coletilla" de que el señor Prada había recibido "mejor trato" que el "dispensado a los brasileños en Barajas".

Alfredo Prada telefoneó al cónsul, explicándole que se encontraba "retenido" en el aeropuerto. "Según me dijo, había discutido con una de las funcionarias del escáner en torno a si podía llevar o no un frasco de colonia de 100 mililitros y un tubo de crema de afeitar del mismo volumen", la discursión se encrespó y un policía federal pidió al político del PP que le acompañase a la Comisaría y le retiró el pasaporte. "Según afirma el señor Prada, fue objeto de intimidaciones y malos tratos por parte de policías federales", explica el Cónsul, quien añade que a su llegada a la Comisaría, la Policía Federal "tuvo buen cuidado en comportarse correctamente". Tras intentar el cónsul, sin éxito, resolver el asunto por las buenas "el Comisario me amenazó con acusarme de coacción a la Policía si no me callaba", afirma el Cónsul.

Multa excesiva

Según el informe, la Policía Federal acabó acusando a Alfredo Prada de "desacato" e iniciaron el correspondiente expediente que les llevó al Juzgado de Primera Instancia de Guarulhos, donde se celebró una audiencia de "tentativa de transacción penal", con el fin de determinar una multa con la que concluye el procedimiento. Este es un paso previo a la acción penal, a la que se llegaría si no hay acuerdo.

Fue allí donde el Fiscal pidió un certificado de antecedentes penales y la vista tuvo que posponerse al día siguiente, hasta recibir por correo electrónico desde Madrid una copia de dicho certificado, ya que el fiscal no aceptó el ofrecimiento del Cónsul de extender uno en el que se afirmara que no tenía constancia de que el señor Prada tuviera antecedente penales. Tras el desarrollo de la audiencia, la conclusión del Cónsul es que el incidente tenía "algunas características de retorsión, aplicada por el trato que supuestamente se dispensa a los brasileños en el aeropuerto de Barajas".

Finalmente, el fiscal propuso una multa de 25.000 reales, que equivalen a unos 8.300 euros, cuando la multa por este tipo de casos suele ser de unos 300 euros, auqnue finalmente se rebajó hasta los 2.000 euros.

Para el cónsul, este episodio "revela" que el tema de la inadmisión y, en su caso, expulsión de brasileños de España "no ha sido aún satisfactoriamente resuelto y por ello aflora de vez en cuando". "Tal vez -expone- una de las dificultades radique en que esta opinión pública haya asumido la convicción de que no tratamos correctamente a los brasileños, siendo muy difícil erradicar ese sentimiento. El documento también resalta que, en el incidente de Alfredo Prada, una vez conseguido el acuerdo, la "transacción penal" implica el archivo del caso "sin que quede registrado para nada en los antecedentes del autor del hecho".