La Eurocámara tumba las 65 horas

El Parlamento europeo echó ayer por tierra el proyecto del Consejo de ministros de la UE de cambiar la regulación de la jornada laboral en Europa que suponía, de facto, abrir la puerta a una generalización de las 65 horas semanales en el conjunto de la Europa comunitaria. Fue una votación inusualmente rotunda. Los 393 votos que se requerían para aprobar las enmiendas del ponente contra las pretensiones del Consejo, el socialista español Alejandro Cercás, fueron fácilmente alcanzados en una institución que se erigía, así, en adalid de los derechos sociales. Un asidero demasiado atractivo para ignorar, a medio año vista de las elecciones que reconstituirán el plenario de la institución.

No hubo equívoco posible: la enmienda de Cercás que rechazaba las excepciones a las 48 horas obtuvo 421 a favor, 273 en contra y 11 abstenciones, y la referente a la consideración como jornada laboral del tiempo de guardia, 576 a favor, 122 en contra y 13 abstenciones. Apoyando los planteamientos del ponente votó prácticamente toda la izquierda del arco parlamentario y una buena parte de populares y liberales, entre ellos los españoles.

El sentido del voto cosechado en la Eurocámara no admite matizaciones: el Parlamento no quiere excepciones a la norma de 48 horas y si las hubiera, tendrían que decaer en un plazo de tres años máximo. Y, en consecuencia, las guardias tendrán que ser contabilizadas como tiempo de trabajo efectivamente prestado.

Eludir la coacción

La Eurocámara, además, exige que se permita al trabajador no suscribir una cláusula de exención del límite de 48 horas, mientras esa normativa esté vigente, cuando firme el contrato de trabajo, en el periodo de pruebas o durante las cuatro primeras semanas de relación laboral, para ayudarle a eludir la coacción. El Reino Unido y otros países miembros aplican esa cláusula, denominada en jerga comunitaria de 'opt-out', generalizadamente. Quince socios comunitarios la usan en ciertas actividades como los servicios sanitarios o de emergencias.

Tanto la cláusula de 'opt-out' como la consideración laboral de las guardias fueron claves del acuerdo del Consejo del pasado mes de junio. Fue logrado por mayoría cualificada, con la abstención de España, Bélgica, Chipre y Hungría, que se oponían, pero que no pudieron seguir frenando la adopción de la norma desde una minoría de bloqueo, al abandonar Italia y Francia esta posición.

La Comisión puso sobre la mesa del Consejo en 2005 una reforma de la Directiva sobre la jornada laboral debido a que buena parte de los Estados miembros incumplían la normativa vigente, según la jurisprudencia de la Corte europea. En el paquete estaba incluido un tratamiento normalizado a los trabajadores temporales, de los que Bruselas calcula hay 8 millones adscritos a agencias de empleo comunitarias.

Difícil acuerdo

Inmediatamente después de celebrada la votación, Cercás reclamó del Consejo que sea consecuente con la decisión de la Eurocámara y a la Comisión que «deje de sostener a aquel y ejerza el papel de árbitro». Se abre ahora un periodo de negociaciones de 90 días entre Parlamento y Consejo, asistidos por la Comisión, en busca de una solución que conjugue las posiciones de unos y otros. Portavoces de la presidencia checa, que en enero sustituirá a la francesa, decían ayer ser conscientes de la dificultad inherente a tal acuerdo.

Si transcurrida la fase de conciliación no hay acuerdo entre Parlamento y Consejo, el proyecto de Directiva decaería y sería abandonado. La posibilidad de regular la jornada laboral en la UE se demoraría varios años.