Más de un millar de personas se manifiesta contra el derribo de una vivienda ilegal

Más de 1.000 personas, según la organización, se manifestaron ayer convocados por la Plataforma de Afectados por las Medidas de Demolición de Chipion para evitar el derribo de una casa «denunciada ante la Fiscalía por el alcalde», Manuel García (PSOE), que, según la plataforma, fue «quien le dio agua y luz» en su día. Según indicó un portavoz de la plataforma, la manifestación se llevó a cabo sin incidentes y de forma pacífica, y estuvo apoyada por comerciantes chipioneros y por asociaciones vecinales de El Puerto de Santa María, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, así como por los propios afectados.

De igual forma, señaló que la fecha de demolición está fijada para el 1 de febrero de 2009. Se trata, según dijo, de la primera de las «20 ó 25 sentencias de demolición» que tienen fecha para su ejecución en la localidad de la costa noroeste de la provincia gaditana.

De hecho, Chipiona suma «unas 300 viviendas» en esta situación que «fueron denunciadas por el alcalde ante la Fiscalía, sin intentar previamente ningún tipo de medida de regularización como se está haciendo en otras localidades de la provincia, como Chiclana, donde hay más de 15.000 viviendas ilegales».

A su juicio, lo más grave es que se trata de viviendas «de autoconstrucción» en terrenos de los propietarios, es decir, «que no están en terreno de dominio público, ni invaden vías pecuarias, ni espacios protegidos, ni atentan contra la Ley de Costas».

En definitiva, su construcción es «consecuencia de 23 años sin PGOU y 18 años sin viviendas de protección oficial», por lo que algunos vecinos «optaron por construir sus casas en terrenos de su propiedad» y enfatizó que «no hay ningún ánimo de lucro», puesto que «son casas de chipioneros» para vivir en ellas.

El portavoz de la plataforma criticó que el Ayuntamiento «no fue capaz de ir y precintar esas obras y visitarlas mes a mes para ver si se estaba incumpliendo la LOUA», y acusó al alcalde de «preferir hacer oídos sordos y, cuando la casa estaba terminada y podía medirla, ponía una denuncia».

«El alcalde pone la denuncia, pero te da agua, te da luz, te vas a tu casa a vivir y, luego, a los dos años te encuentras que te han denunciado por lo Penal», lamentó, cuando algunos afectados «ya habían pagado entre 12.000 y 36.000 euros de multa por hacer su casa con su dinero».