Los españoles quieren a todas las fuerzas democráticas en el pacto antiterrorista

Olvidada la crispación que envolvió la lucha antiterrorista durante la pasada legislatura, los españoles han ganado en optimismo y apuestan por la unidad, no sólo del PSOE y del PP, que piden con más fuerza que nunca, sino de todas las fuerzas democráticas.

Los ciudadanos consideran que el nuevo ciclo político iniciado tras los comicios del pasado 9 de marzo revela «voluntad de acuerdo» entre los dos grandes partidos, por lo que se muestran unánimes a la hora de reclamar la revitalización del pacto antiterrorista sellado por socialistas y populares hace siete años, así como su apertura al resto de los partidos políticos.

La quinta encuesta nacional sobre la percepción que tienen los ciudadanos sobre el terrorismo, elaborada por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el colectivo vasco Covite y el centro demoscópico Euskobarómetro, debería de servir de «toque de atención» a los partidos mayoritarios para que se unan, fijen las posiciones políticas del acuerdo y abandonen cualquier uso partidista que tanto «daño» hace a las víctimas, señaló ayer Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la fundación.

Así lo piensan nueve de cada diez españoles de todas las ideologías, desde un mínimo del 74% del electorado nacionalista a un máximo del 93% de los votantes socialistas. Este dato representa un incremento de diez puntos con respecto a hace un año, cuando el escepticismo y la crispación calaban en la opinión pública.

Un apoyo unánime que se extiende a la obligación de actualizar el pacto antiterrorista y ampliarlo tanto a Izquierda Unida como al resto de partidos nacionalistas. El 91% de los votantes del PP y el 90% de los socialistas así lo desean.

El vuelco de la opinión de los españoles con respecto a la política antiterrorista, que comenzó tras las elecciones generales de marzo, tiene su continuación en las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para combatir a ETA. Tres cuartas partes de los ciudadanos defienden las propuestas judiciales de ilegalización de los partidos de la izquierda abertzale (ANV y PCTV), cuando hace un año el requisito con más apoyos era que dichas formaciones condenasen la violencia etarra. Esta posición es compartida por casi todos los electores con la excepción de los nacionalistas (41%).

En cambio, vuelve la unanimidad sin distinción de ideologías cuando se pregunta sobre el endurecimiento de las condenas a los terroristas a punto de ser introducidas en el Código Penal. La mayoría de los españoles apoyan que etarras con condenas acumuladas por asesinato deben cumplir la pena máxima de 40 años; sostienen que la Justicia controle la actividad económica de los terroristas que salgan de prisión para que se les reclamen las indemnizaciones a sus víctimas; piden su destierro para que no vivan cerca de ellas; abominan de que se les tributen calles o espacios públicos en su honor, y creen que deberían prohibirse y perseguirse los actos de homenajes públicos a etarras.

El consenso se desvanece en cuanto a la posibilidad de persecución penal de aquellos empresarios y particulares que pagan el llamado impuesto revolucionario y ceden al chantaje terrorista. El 46% da su apoyo a que persista esta condena y el 43% la rechaza. Salvo el elector de IU, que en un 59% se decanta por su derogación, populares, socialistas y nacionalistas reproducen la división de opiniones mayoritarias.

La encuesta fue realizada entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre, días antes de las detenciones de los dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu y Aitzol Iriondo y del asesinato del empresario Ignacio Uria en Azpeitia (Guipúzcoa), lo que «hubiera podido cambiar algunas opiniones», según el director del Euskobarómetro.

El sondeo constata que se ha reforzado la opinión en el último año de que ETA está menos fuerte. Así lo piensan un 61% de los encuestados. Que el problema del terrorismo ha mejorado lo cree un 38% de los ciudadanos, frente a un 30% que dice que ha empeorado, 20 puntos menos que hace un año.

Menos optimismo ofrece el final del terrorismo a «corto o medio plazo», y crece la mayoría que considera que la voluntad de ETA y la izquierda abertzale para poner fin a la violencia y aceptar las reglas democráticas es prácticamente nula.

Los ciudadanos piensan de forma casi unánime que la sociedad española arropa y ampara a las víctimas del terrorismo, aunque se muestran críticos con los gestos de desafección que, creen, les dedica la sociedad vasca. Asimismo, es mayoritaria la crítica a la postura de los partidos del Gobierno vasco con relación al sufrimiento de los damnificados, posición que tiene menos peso entre el votante nacionalista.

Las iniciativas a favor de la movilización ciudadana contra la violencia, sin usos partidistas del terrorismo, y las manifestaciones para reivindicar la memoria de las víctimas siguen recibiendo un gran apoyo. Sobre todo en el periodo actual de optimismo social en la lucha antiterrorista, una vez que el periodo de crispación política parece haber quedado atrás.