La Eurocámara rechaza la ampliación de la jornada laboral a 65 horas semanales

El Parlamento Europeo ha bloqueado la norma que permite la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, una directiva que fue aprobada por los ministros de Trabajo de la UE el pasado mes de junio con la oposición de España. Los eurodiputados han aprobado por mayoría absoluta una serie de enmiendas que exigen que en un plazo máximo de 3 años se supriman todas las excepciones ('opt out') a la jornada laboral de 48 horas semanales.

La Eurocámara ha exigido además que se considere tiempo de trabajo la totalidad del tiempo de guardia, incluido el periodo inactivo. Esto cuestiona también el acuerdo alcanzado por los Veintisiete, según el cual el periodo inactivo de la guardia (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital) no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga lo contrario.

Las enmiendas fundamentales han recibido un respaldo muy superior a la mayoría absoluta de 393 votos que era necesarios para que salieran adelante. La mayoría obtuvieron más de 500 votos. Ello significa que, además de socialistas y grupos de izquierda, han sido apoyadas por muchos eurodiputados del Partido Popular Europeo, incluidos los españoles.

El voto de la Eurocámara abre ahora un nuevo periodo de negociación de 90 días (denominado 'conciliación') entre el Parlamento y el Consejo al cabo del cual, si no hay acuerdo, decae el texto.

Diferentes opiniones

Durante el debate sobre la norma celebrado el lunes, el ponente parlamentario, el socialista español Alejandro Cercas, dijo que el acuerdo de los Veintisiete sobre las 65 horas constituye un "enorme error jurídico y político". A su juicio, el uso de las excepciones (opt-out) a la jornada laboral de 48 horas semanales, que ya están permitidas en la legislación vigente a petición de Reino Unido, fomenta el 'dumping social' entre los Estados miembros, provoca "enormes desgastes en la salud y la seguridad de los trabajadores" y "dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar".

Por su parte, la representante de la presidencia francesa, Valérie Létard, pidió al Parlamento Europeo que apoye el compromiso aprobado por los Veintisiete y evite llegar a una conciliación. Defendió que este compromiso constituye "un progreso para la situación de los trabajadores en Europa", ya que incluye más garantías para el uso de los 'opt-out' y una cláusula de revisión. Además, dijo que no hay "mayoría suficiente" en el Consejo de Ministros para suprimir las excepciones a las 48 horas.

También el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, reclamó un acuerdo entre el Parlamento y los Veintisiete para resolver la inseguridad jurídica sobre las guardias médicas. Spidla pidió a los eurodiputados que sean "realistas", porque en estos momentos un total de 15 Estados miembros ya recurren al 'opt-out', frente a los 3 que lo hacían en 2003. "Muchos más Estados miembros quieren poder contar con esa posibilidad en el futuro", dijo Spidla, que recordó que estas excepciones ya están en la normativa actual y que la nueva directiva dará más garantías a los trabajadores para que los empresarios no abusen de ellas.