El colectivo Velázquez por Sevilla pide que haya mayor control en el Archivo de Indias

La asociación Velázquez por Sevilla propuso hoy ejercer un «mayor» control en la transmisión de la información del Archivo de Indias, ubicado en la capital hispalense, con el objetivo de proteger el patrimonio subacuático español. El vocal de la referida asociación José Guillermo Caballero criticó que, con la legislación vigente, «no es un delito vender a terceros» la información obtenida en el Archivo de Indias, todo ello sin que se lleve a cabo «ningún tipo de control» sobre su uso.

Según explicó Caballero, «se argumenta que es el uso ilícito de esa información el que constituye un delito contra el patrimonio, cuando quien vende la información de manera irresponsable es una pieza básica de esa cadena que son las bandas que expolian el patrimonio».

«Quien accede al Archivo de Indias debe asumir el compromiso de no transmitir la información a empresas con antecedentes en el expolio del patrimonio, igual que un estanquero no puede vender tabaco o un quiosquero pornografía a un menor de edad», según subrayó Caballero, quien aseveró que «esto ya ha sido denunciado por académicos de la Real Academia de Historia, y Velázquez por Sevilla suscribe esa denuncia».

Prevenir un 'Odyssey'

Así, Caballero incidió en que «no es lo mismo vender a un señor de Méjico un número de horas de investigación para averiguar su genealogía, que indagar sobre la localización y el cargamento de un pecio», asegurando que «se conoce cómo salió del Archivo de Indias la información que empleó la empresa Odyssey para el saqueo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes». En este punto, y «para comprender la magnitud» del asunto, consideró que «hay que tener en cuenta que más del 50 por ciento de los fondos documentales del Archivo de Indias se encuentra pendiente de investigación, y que sólo en el Golfo de Cádiz hay documentados 720 hundimientos entre los años 1500 y 1820». El vocal recordó que «pueden existir unos 170 barcos cargados de tesoros» entre Tarifa y Ayamonte (Huelva), los cuales «podrían alcanzar un valor de 24.000 millones de euros», mientras que «se tiene constancia de hundimientos en el río Guadalquivir, como el del navío San Antonio en 1561». «Estos expolios suponen, además, el destrozo de restos arqueológicos de gran valor histórico», prosiguió, recordando que la propia Unesco «condena la actividad de las empresas cazatesoros cuestionándose incluso su existencia». «Mientras tanto, aquí en España se actúa tarde y mal gracias al vacío provocado por una ley mojigata que no deja a nadie contento».