Los promotores prevén que el sector destruirá casi un millón de empleos entre 2008 y 2009

El desplome que sufre el mercado de la vivienda se llevará por delante casi un millón de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, sólo entre este año y el que viene. Así de crudo es el análisis que realizaron ayer los promotores, que advierten que si no se ayuda al sector será imposible superar la crisis. Entre las peticiones de los empresarios -que incluyen rebajas fiscales y un mayor estímulo a la compra- destaca la idea de que el Fondo de Adquisición de Activos Financieros del Gobierno dedique parte de sus 50.000 millones de euros a la compra de casas. Una carta a los Reyes Magos que el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, dejó en papel mojado al recordar a los 'señores del ladrillo' que el Estado no debe resolver los problemas de su exceso de producción.

El presidente de la patronal de promotores (Apce), José Manuel Galindo, estima que este año 489.000 personas ligadas a la vivienda se irán al paro. ¿Por qué? Porque los empresarios calculan que la crisis reducirá en unas 300.000 el número de viviendas a construir en 2008 en comparación con 2007. Una caída que, añade Galindo, reducirá en 1,2 puntos porcentuales el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Para 2009, los cálculos pasan por levantar sólo 150.000 viviendas (hace bien poco se construían 700.000 al año), lo que dejará sin empleo a otros 400.000 trabajadores del andamio.

Bajo ese caótico escenario, Galindo -que participaba en una jornada sobre la coyuntura inmobiliaria- insistió en la necesidad de que las arcas públicas se destinen a adquirir pisos que los promotores no pueden vender, para conformar un gran parque de vivienda en alquiler. José Luis Malo de Molina fue claro: «El fondo de adquisición de activos es, como su propio nombre indica, para activos financieros, pero no para rescatar a tal o cual sector que quiere vender sus excesos de producción al Estado».

Malo de Molina recordó que el Banco de España advirtió ya en 2003 de la sobrevaloración de los pisos (que cifró entonces entre el 24% y el 35%) y que el mantenimiento de una situación insostenible -junto a la crisis internacional- ha traído las funestas consecuencias que hoy sufre el sector. «El ajuste era necesario y se ha tardado mucho en reaccionar», añadió. Y auguró un horizonte nada esperanzador, al señalar que el crédito (que hace un año aumentaba a tasas superiores al 20% anual) avanzará ahora «en línea o por debajo del crecimiento de la economía». Es decir, aunque por un tiempo difícil de calcular, lejos de crecer puede que incluso se reduzca. El economista hizo un llamamiento a las entidades financieras para que, una vez abiertas líneas de apoyo por parte del Gobierno, abran el grifo y presten dinero a familias y empresas.

Los promotores quieren también que el Estado -durante tres o cuatro años- rebaje el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) al 4% en todas las operaciones relacionadas con la vivienda. Algo que, creen, daría alas a la demanda.

Deducciones fiscales

Galindo reclamó también elevar las deducciones fiscales a la compra de vivienda y la posibilidad de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avale directa o indirectamente a las familias solventes el 20% o 30% del dinero, que en una adquisición supone la entrada y los costes iniciales. Todo para dar salida a los cerca de 600.000 pisos que, ya construidos, no encuentran comprador.

Sobre esto, José Luis Malo de Molina advirtió de la necesidad de que cualquier medida que se implemente tenga muy en cuenta su impacto en el déficit público y en la necesidad de mantener el equilibrio de éste a medio y largo plazo.

En la jornada participaron también Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca (AEB), y José Luis Estevas-Guilmain, presidente de la Sociedad de Tasación. El primero aseguró que el crédito crece a menor ritmo no por culpa de la oferta, sino por la escasa demanda, y que denegar un préstamo «es una mala noticia para todos». El segundo cargó contra el Banco de España, al que acusó de no haber ejercicio como debía su papel de supervisor de algunas tasaciones realizadas en el pasado: «Ha habido grandes fallos y habría que depurar responsabilidades».