Uno de cada diez gaditanos subsiste con unos ingresos de 143 euros al mes

¿Qué se puede comprar con cinco euros al día? Una bolsa de legumbres, unas verduras, algo de pan y un litro de leche. Poco o nada más. No se puede asumir un alquiler, ni las facturas de la luz, ni siquiera las del agua y el gas con los que hervir esos garbanzos.

Con ese ínfimo ingreso, o por debajo de él, viven más de 110.900 personas de la provincia de Cádiz (un 9,29% del total de la población), que subsisten por debajo del llamado umbral de la pobreza, es decir: con menos de un 25% del salario medio de cada región, que el INE sitúa en unos 570 euros al mes en Andalucía.

La cifra coloca a la provincia de Cádiz no sólo como la más pobre de las ocho andaluzas, sino también como una de las que cuentan con más habitantes en situación de exclusión social de toda España, según daba a conocer ayer la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha recogido estos datos en su informe anual Paro, pobreza y exclusión social, publicado con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra hoy en todo el mundo.

Drogadictos, inmigrantes, familias monoparentales, ancianos o jóvenes en paro, presos y drogadictos conforman el rosario de perfiles que integran este colectivo de parias, etiquetado como «excluidos sociales», con el que se hace referencia no sólo a la precaria capacidad económica que sufren, sino también a la serie de problemas sociales derivados de ella -como enfermedades mentales, adicciones o afecciones y taras físicas- y que convierten a las personas que los padecen en marginados sociales, explicaba la secretaria de APDHA en Cádiz, Luisa Cortés.

Una pobreza estructural

«Algo no va bien», denunciaba ayer Cortés. Y no se refería a la crisis inmobiliaria, ni al colapso financiero, ni a la debacle bursátil que sofocan a medio país, ya que, según quiso dejar claro, la situación por la que pasa la economía en la actualidad no es la causa inmediata de la «crisis particular y permanente» por la que pasan estos cientos de miles de gaditanos, que sobreviven desde hace años, por lo general, gracias a la beneficiencia, los servicios sociales de las administraciones o, en muchos casos, recurriendo a la economía sumergida (que en la provincia representa un llamativo 25% del PIB).

«Tales índices son persistentes en la sociedad gaditana», recalca el informe presentado ayer, que recoge entre sus fuentes estadísticas elaboradas por entidades como Cáritas o fundaciones de estudios sociológicos como Foessa.

«Es alarmante que los datos de estos estudios sean idénticos a los que se presentaron en 1998», recuerdan desde la APHDA, y resaltan cómo «no se han producido avances relativos en los últimos diez años». Algo que achacan a «una gestión socioeconómica inadecuada» y a una «política social y de empleo basada en parches», que perpetúan la situación de pobreza.

En este punto, el informe de Pro Derechos Humanos se muestra, de hecho, bastante crítico con las administraciones públicas, tanto a nivel nacional y autonómico como municipal, de las que denuncia «la sorprendente falta de respuestas integrales» ante la pobreza, de la que «ni siquiera hay datos oficiales», recordaron ayer los miembros de la asociación andaluza. Y aunque reconocieron que las políticas sociales han logrado «modestos avances» en los últimos años, matizaron que «la crisis los ha desbaratado» y se ha convertido en una «excusa» por parte de los gobiernos para reducir los proyectos sociales.

Las 110.000 personas que viven bajo una situación de exclusión social en la provincia no son, sin embargo los únicos «pobres» gaditanos. Son, únicamente, los más agraviados. De hecho, según advirtieron en la presentación del informe sobre pobreza, este 9,29% de la población que se encuentran en condiciones de marginalidad amenaza con aumentar en los próximos años, esta vez sí debido a la crisis coyuntural que vive la economía.

De hecho, según los cálculos de Pro Derechos Humanos, además del porcentaje de personas que sufren «pobreza severa», existe en la provincia en torno a un 11% más de gaditanos que (sin pertenecer al colectivo de los excluidos sociales, son «vulnerables» de entrar en ese grupo, empujados principalmente por el paro o la precariedad laboral -«la principal puerta de entrada en situación de exclusión», según Victoria Jurado, del grupo de trabajo del área de marginación de APDHA-.

El colectivo «vulnerable» de pertenecer a uno de estos grupos es también conocido como los de los «pobres relativos»: es decir, a los que un golpe del desempleo pueden tumbar en la pobreza más absoluta.

En este caso, el umbral de ingresos en el que se mueven estas personas «relativamente pobres» se encuentran en el 60% del salario medio, que en Andalucía se situaría en poco más de 340 euros al mes por persona.

En este sentido, las organizaciones de beneficiencia como Cáritas o la congregación de las Hermanas de la Caridad no sólo corroboran que existe esta «amenaza», sino que consideran que ya se puede hablar de una realidad palpable. De hecho, advierten que en los últimos meses el número de solicitudes de asistencia en sus centros sociales ha aumentado de manera importante, con la novedad de que ahora son estos nuevos pobres los que recurren a comedores y roperos sociales.

Las ayudas aumentan

«Hay parroquias donde las peticiones de ayuda se han incrementado hasta un 80%, aunque la media es de un 45% en el conjunto de la Diócesis», reconocía ayer Jesús Quiles, secretario general de Cáritas Diocesana de Cádiz.Y destaca cómo este aumento no se está dando en los barrios más deprimidos de las ciudades, sino en zonas tradicionalmente consideradas con un nivel de calidad de vida medio. «Hay por ejemplos familias que tenían hipotecas, pero que ahora no pueden pagar porque uno de los cónyuges se ha quedado en el paro», explica Quiles, que teme que «la situación siga creciendo» tan rápido como lo ha hecho hasta ahora. Y es que, según el responsable de Cáritas en Cádiz, quizá de lo más sorprendente de la nueva situación sea que «se ha producido en los últimos seis meses», explica. Es decir, que todos los problemas se han acumulado en un periodo muy corto de tiempo.

«Es difícil contar cuántas cenas damos cada día», reconoce, por su parte Mila Aragón, responsable de la Fundación Virgen de Valvanuz, que gestiona uno de los comedores sociales de la provincia, en Cádiz. Aunque reconoce que en épocas como la de Navidad pueden llegar a más de 120 cada noche. «Vengan los que vengan, les damos de cenar a todos».

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