Actualidades urbanísticas

Construcción de equipamientos y viviendas en los antiguos jardines del Hospital de Mujeres, calificación de suelo para construir 4.000 viviendas, construcción de aparcamientos subterráneos, ampliación del Hotel Atlántico, intervenciones en el Castillo de San Sebastián, eliminación de los edificios en la trasera de las murallas de las Puertas de Tierra...

Se recuperan viejos temas que se superaron hace 30 años por oposición vecinal: construcciones sobre el mar fuera de la Cortadura, que recuerdan los rellenos pretendidos en los años 70 (eso sí, ahora sin rellenos, sobre pilotis), gran torre a la entrada de la ciudad (que ya se planteó en la década de los setenta el Ayuntamiento de Jerónimo Almagro: la llamada Torre 2000).

El principio general que anima estas actuaciones es la decisión de seguir densificando una ciudad colmatada, sin que se hable de las necesidades que ello origina de infraestructura, equipamientos y servicios. Se olvida que el futuro de Cádiz está en una integración armoniosa en la ciudad-bahía, concepto que al parecer desconoce el Plan.

Estos días se producen declaraciones aisladas de la alcaldesa en la prensa: endurecimiento de medidas en el Casco Antiguo y reducción de los áticos.

Ello oculta la realidad de los últimos años: el Plan, todavía en vigor, prohíbe la construcción de áticos que superen la superficie construida existente. (Art. 7.2.4). Bastaría cumplirlo con el mismo rasero en todos los casos, y no haber permitido los áticos que se han construido, entre otros, en la plaza de España (la casa de las cinco chimeneas) y el que se está construyendo en la plaza de San Juan de Dios, los cuales son contrarios a las normas y favorecen a determinados promotores y a sus técnicos.

Sobre el Casco Antiguo, más que hablar de endurecimiento de medidas es preciso cumplir las que están en vigor y clarificar las actuaciones de la Comisión Municipal de Patrimonio, que actúa con grandes dosis de arbitrariedad, sin argumentar sus decisiones, basadas a veces en el simple «gusto» de sus miembros. La normativa no tiene porqué ser endurecida, sino detallada y pormenorizada para que las decisiones sean jurídicamente seguras.

Mientras tanto, la realidad urbanística de la ciudad va por otros derroteros: la política municipal de construcción de aparcamientos favorece la penetración del automóvil hasta el centro de la ciudad, sin potenciar en cambio el transporte público, insistiendo en una estrategia privada que no tiene solución final, favoreciendo tan sólo el pujante negocio del aparcamiento de rotación, ante un mercado cautivo que se va a incrementar cuando se construya el nuevo puente.

¿Para cuando una estrategia de transporte público que enlace las ciudades de la Bahía, con aparcamientos junto a las estaciones del ferrocarril? ¿Es que se considera que Cádiz puede seguir creciendo de forma autosuficiente sin su integración en la Bahía?

¿Porqué se está construyendo el aparcamiento del muelle cuando ahora se plantea el nuevo aparcamiento de la carretera industrial, mucho mayor y mejor situado, y la operación de la plaza de Sevilla permitiría obtener todas las plazas de aparcamiento que son precisas?

La construcción actual del aparcamiento del muelle, aparte de crear un grave deterioro de las condiciones de uso del espacio público durante su construcción, condiciona gravemente la futura resolución de las relaciones ciudad-puerto, que no podrán resolverse adecuadamente cuando la verja del muelle se elimine, cosa que ha de suceder tarde o temprano.

Es inaudito que a estas alturas no se haya unido la ciudad con la dársena, a pesar de existir hace muchos años el nuevo puerto de La Cabezuela, cuando tenemos tantos ejemplos de traslado de puertos de mercancías lejos de los centros urbanos, y de la recuperación de estos espacios para el uso público y deportivo (Barcelona, Gijón...).

Mientras tanto se siguen padeciendo por los vecinos del Casco Antiguo las fuertes molestias causadas por un puerto cada vez más motorizado, con ruidos diurnos y nocturnos.

Se publicaron hace unos días las declaraciones del responsable de ADIF para no poner en uso la marquesina de la antigua Estación, por no existir un número de usuarios suficiente, afirmando que las instalaciones actuales son adecuadas.

El espacio de acceso y llegada a la estación de ferrocarril es hoy un desastre, impropio de una ciudad donde la fachada de la Estación formaba ante el Casco Antiguo una imagen característica de Estación terminal, en la que el tráfico ferroviario estaba enlazado con el portuario desde los años 20 del pasado siglo, cuando los viajeros que llegaban en los coches-cama embarcaban directamente en los barcos hacia América.

La llegada hoy de los viajeros a Cádiz se hace a través de una explanada inhóspita ante la que aparece la imagen decrépita de los lienzos de muralla, cargados de historia, que en otros sitios serían dignos de veneración.

Que el número de viajeros del tren sea insuficiente tiene que ver con la falta de potenciación del transporte público de la Bahía y la defensa a ultranza por el Ayuntamiento del transporte privado, alimento del gran negocio de los próximos años: el aparcamiento subterráneo de rotación, en manos privadas.

La intervención sobre la Plaza de Sevilla, pieza urbana indispensable para revitalizar el casco histórico mediante su adecuada articulación con el resto de la ciudad y el Puerto, se olvida en el día de hoy, una vez impedida por la Junta de Andalucía la operación especulativa de construcción de viviendas y llegada la crisis inmobiliaria.

De esta forma, Cádiz sigue careciendo de una estación de autobuses que merezca el nombre, enlazada con otros medios de transporte. La gran plaza de la estación ha de cumplir importantes funciones urbanas de enlace entre los distintos medios de transporte y servir de antesala a la ciudad histórica.

La privatización del patrimonio público de edificios y suelo, cuyo caso más escandaloso es la venta del antiguo Hospicio por la Diputación, junto con una calle del barrio de La Viña que ocupaba provisionalmente la pista deportiva del centro docente y que no va a recuperar el barrio, se acompaña ahora de la pretendida operación especulativa sobre los terrenos del Hospital del Mar para financiar el nuevo Hospital. Es triste para esta ciudad que la consecución de tan importante nuevo equipamiento se haga fiar a la (ya fenecida) burbuja inmobiliaria.

La privatización del patrimonio público tiene otra vertiente: la abusiva privatización del espacio público que se lleva a cabo por el Ayuntamiento. Hasta los espacios de juegos infantiles están invadidos por la actividad hostelera, supuesta generadora de vida urbana y negocio privado seguro. La construcción de los famosos «quioscos», construcciones permanentes de superficie muy superior a los 20 metros cuadrados permitidos, vulnera directamente la normativa municipal y constituyen una privatización del espacio de uso y disfrute colectivos para organizar un negocio privado.

Es indignante la opinión de la alcaldesa sobre la legalidad urbanística cuando dice, a propósito del asunto de los «quioscos», que un par de meses hubiera bastado para modificar la norma. Según ello, entiende que las normas se hacen para legalizar los hechos consumados.

La invasión de terrazas de bares, transformadas a veces en construcciones cerradas definitivas ocupando la vía pública en sitios como el Paseo Marítimo, chirimbolos situados en las aceras, urinarios, carteleras publicitarias, torretas de alumbrado festivo, mal estado de los pavimentos, suciedad, sistema de recogida de basuras anticuado y pestilente, dificultan y llegan a impedir la adecuada utilización del espacio público por la gente.

Un Plan de Ordenación no es un conjunto de actuaciones espectaculares inconexas claramente lucrativas, en las que se beneficia el negocio privado.

¿Porqué no se estudian y publican exhaustivamente las necesidades de la ciudad para que ello sea la motivación principal del Plan? ¿Porqué no se estudian y publican las necesidades de equipamientos escolares, sanitarios, culturales, zonas verdes, espacios deportivos?

¿Se han estudiado las necesidades de mejora de infraestructuras: alcantarillado insuficiente que produce daños por inundación, recogida modernizada de las basuras, mejoras de los accesos a la ciudad conectando la avenida Juan Carlos I y el puente, transporte público eficaz?

Las propuestas de un plan han de ser consecuencia de estos estudios previos y no plantearse de forma apriorística y aislada.

Por tanto es hora ya de que el Ayuntamiento presente el Plan en su totalidad, desde los informes pormenorizados y diagnósticos de la situación actual hasta las propuestas realistas que den respuesta a los mismos, globales para la ciudad y Bahía y particulares para los barrios, que contribuyan a mejorar la ciudad y la vida de los ciudadanos, empleando para ello los recursos públicos o los privados en justo equilibrio de cargas y beneficios, tal como la legislación urbanística propugna.

De esta forma los ciudadanos podrán opinar con un conocimiento de causa suficiente.