El Constitucional cumple un año en funciones sin esperanzas de renovación

Un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Carta Magna, llevan un año en funciones. Entre ellos, la presidenta y el vicepresidente, que como sus compañeros, no tienen esperanza alguna de que PSOE y PP alcancen un acuerdo a corto plazo para renovar la institución, según las fuentes consultadas en ambas formaciones. La silla que ocupaba el fallecido Roberto García-Calvo también sigue vacía, y así seguirá todavía muchas semanas.

Los principales responsables de los dos partidos se han cargado de razones para echar al contrario toda la culpa del bloqueo del proceso y, a día de hoy, ambas formaciones reconocen que no hay la más mínima previsión de cuándo van a comenzar a negociar para terminar con esta parálisis.

La presidenta del tribunal, María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez; y los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde deberían haber dejado sus puestos el 17 de diciembre de 2007, tras agotar sus nueve años de mandato. No lo han hecho porque los dos grandes partidos, indispensables para alcanzar la mayoría de tres quintos del Senado que requieren los nombramientos, han sido incapaces de pactar los sustitutos.

La situación se agravó el pasado mes de mayo, cuando se produjo una quinta vacante en la corte por el fallecimiento de García-Calvo, que amplió la situación de interinidad a casi la mitad del pleno, compuesto por doce magistrados. El quinto nombramiento corresponde al Congreso, pero no se hará efectivo hasta que exista consenso para elegir los del Senado.

El proceso de renovación, que comenzó con diez meses de retraso, está paralizado desde que el pasado 29 de septiembre el Senado recibió la lista de los 23 candidatos que seleccionaron los parlamentos autonómicos para cubrir las cuatro plazas de magistrado. Cada cámara puede proponer dos nombres.

El PSOE comprobó que el PP, que por un pacto entre ambas formaciones tiene derecho a designar a dos de los nuevos magistrados, sólo había apoyado a dos aspirantes en todos los parlamentos, al ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, y al ex portavoz del mismo órgano, Enrique López, ambos 'látigos' del Gobierno durante toda la pasada legislatura. Eran las personas que pretendía nombrar. El PSOE había votado a quince aspirantes para elegir a sus dos candidatos.

Los socialistas mantienen que ambos candidatos, en especial López, son «inasumibles», porque el PP ha hecho un uso fraudulento del sistema de propuesta autonómica, porque ambos aspirantes pueden ser recusados en cuanto lleguen al Constitucional al haber tomado postura en asuntos que debe resolver el tribunal y porque López no cumple los requisitos legales para el cargo.

El PP dice que ha respetado la ley, que son sus únicos candidatos y que si los socialistas no los apoyan, ellos no darán su voto a los propuestos por el PSOE. Recuerdan que el pacto al que ambos partidos llegaron este verano es que ninguno vetaría los candidatos del otro y que los socialistas lo han incumplido.

Ante esta situación, el presidente del Senado, Javier Rojo, ralentizó a lo largo del mes de octubre el proceso de renovación con detalles técnicos. Su intención fue dar tiempo a los grandes partidos para rehacer el pacto, pero, en vista de que no están por la labor, decidió dejar en suspenso el procedimiento hasta que se pongan de acuerdo. No está dispuesto a someter a votación a unos candidatos que no tienen posibilidad de salir, por respeto a los aspirantes y para preservar la dignidad de la cámara alta.

El récord del CGPJ

La renovación del Constitucional sufre un bloqueo similar al que mantuvo al CGPJ durante un año y diez meses en situación de interinidad y que sólo se resolvió con un pacto 'in extremis' y al más alto nivel entre José Luis Rodríguez y Mariano Rajoy tras un encuentro en La Moncloa el pasado mes de julio.

Sin embargo, en este caso, el único intentó de desatascar el asunto desde la cúpula de los partidos fracasó el pasado 14 de octubre. Rodríguez Zapatero y Rajoy, en una reunión idéntica a la de julio, no dedicaron más que un minuto al conflicto del Constitucional tras comprobar que sus posturas eran irreconciliables. Acordaron volver a hablar de ello, pero no hay constancia de que lo hayan hecho ni de que vayan a hacerlo en breve.

Fuentes parlamentarias creen que la renovación podría comenzar a desbloquearse a partir del próximo mes de febrero, que es cuando este tribunal puede dictar sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña. Son muchos los que piensan que la poca prisa de los partidos en renovar el Constitucional se debe a que cualquier cambio en la actual composición del pleno podría retrasar una sentencia que se delibera desde casi un año durante muchos meses.

Diputados de la izquierda también creen que el PP, además de evitar retrasos en la sentencia, prefiere que el fallo lo dicte la actual corte, que tiene más magistrados conservadores de los que en cualquier caso tendrá la renovada.