Seguridad sin impunidad

El asesinato de Ignacio Uría Mendizábal ha dejado tras de sí dos asuntos candentes que no deberían deslizarse hacia el terreno de la controversia: la amenaza que pende sobre las sociedades adjudicatarias de las obras del TAV y, en general, sobre los empresarios vascos, y las medidas políticas y legales que deberían adoptarse para acabar con el margen de impunidad en que todavía se mueve la izquierda abertzale. El crimen de Azpeitia representa la prueba definitiva de que ETA, en su debilidad, se ha obcecado con paralizar la construcción de la Y vasca. Y representa también la advertencia de que ha vuelto su mirada de muerte hacia los empresarios precisamente en un momento de crisis propicio para la convulsión social. Una amenaza que requiere la réplica sin paliativos por parte de los propios empresarios y de la sociedad en general, y un compromiso inequívoco de los sindicatos, de manera que el cinismo de LAB tras el asesinato de Uría no sea contemplado por las demás centrales como una sombra inevitable en el paisaje social vasco. Junto a ello la seguridad de los empresarios, especialmente de los concernidos por el TAV, constituye una prioridad que las administraciones competentes en la materia han de asumir sin regateos, evitando que se conciba como una cuestión particular dado que, como ocurre con cualquier otro estamento social o institucional, las garantías sobre su integridad atañen a la sociedad en su conjunto. El anuncio de que el Gobierno pretende modificar la Ley de Bases de Régimen Local para evitar que electos de un partido ilegalizado puedan gobernar ayuntamientos plantea dos cuestiones íntimamente ligadas. Por un lado, contribuye a que se escabullan de su responsabilidad inmediata las formaciones que por pasiva permiten hoy que ANV mantenga alcaldías en minoría, especialmente en los casos sangrantes de Mondragón y Azpeitia, perpetuándose así el escapismo desplegado a través de las llamadas «mociones éticas». Por el otro, elude el problema de la eficacia a corto plazo de una reforma legislativa que, al introducir una sanción desfavorable, no podría tener efectos retroactivos, y mucho menos sobre la continuidad institucional de personas electas en candidaturas aceptadas como legales en la liza electoral.