«Cuando la crisis nos obliga a reducir las plantillas, tenemos que contratar escoltas»

Las 30 empresas que participan en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV), un proyecto estratégico para Euskadi que permitirá unir las tres capitales vascas, se enfrentan a una abierta ofensiva de ETA, que se ha saldado esta semana con el asesinato del constructor Ignacio Uria. Una «aberración» democrática y moral a la que se ven obligadas a sumar otra de tipo económico: mientras la crisis, que ha castigado con especial virulencia al sector, «nos obliga a reducir las plantillas por la caída de la actividad y de los ingresos, tenemos que aumentar los gastos en seguridad y pagar escoltas», subraya un directivo de una compañía afectada.

El atentado del pasado miércoles, que segó la vida del consejero de la firma Altuna y Uria, de 70 años, ha supuesto un salto cualitativo en el acoso de los terroristas sobre las compañías que trabajan en el trazado. La presión se había limitado hasta ahora a amenazas, al sabotaje de sus equipos y a la colocación de una bomba, el 1 de junio, en la sede del grupo Amenabar en Zarautz, que quedó destrozada. El Departamento vasco de Interior se propone blindar la nueva red ferroviaria «hasta el último eslabón». La próxima semana debatirá la adopción de medidas en una cumbre al más alto nivel con el Gobierno central. Entre ellas, se da como seguro el establecimiento de un fuerte dispositivo de seguridad para los principales directivos de esas empresas, hipotéticos objetivos de la banda, mediante la contratación de guardaespaldas.

Hasta ahora, las constructoras habían asumido el peligro que corrían sus instalaciones y el material depositado en los tajos, pero no habían evaluado correctamente el riesgo que corrían sus propietarios y ejecutivos. La evidencia de que ETA pretende reproducir con el TAV la estrategia de terror que desplegó contra la central nuclear de Lemoniz o la autovía de Leizaran les ha obligado a aceptar lo inevitable: su vida estará vigilada.

Todos los indicios apuntan a que deberán ser las propias compañías las que asuman el coste de esa protección. Fuentes del Departamento de Interior explican que, hasta ahora, las soluciones a los problemas de seguridad de las empresas privadas han tenido que ser asumidos por sus cuentas de resultados. Los gobiernos central y vasco sólo financian la contratación de escoltas para políticos, concejales y jueces, señalan.

Las cifras son contundentes. La factura mensual de un guardaespaldas se sitúa en torno a los 6.000 euros. A esa cantidad hay que añadir otros 800 euros destinados al alquiler de vehículos. El cambio permanente de automóvil, mediante un sistema de rotación, es una de las claves de un buen dispositivo para prevenir atentados. Además, existe un coste variable -imposible de calcular a priori- en dietas y alojamiento en caso de que se produzcan viajes para evitar rutinas y dificultar la acción de los comandos.