Prioridad democrática
El día siguiente al asesinato de Ignacio Uria por parte de ETA proyectó una imagen de unidad y entereza democrática, al tiempo que subsumía la respuesta ciudadana en concentraciones protagonizadas principalmente por responsables institucionales. El encuentro del presidente Rodríguez Zapatero y del líder popular Mariano Rajoy rindiendo juntos el homenaje que la memoria de la víctima demandaba se convirtió, sin duda, en la expresión más elocuente de la coincidencia que la sociedad exige de la política en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la respuesta medida y en cierto sentido protocolizada con la que en los últimos años las instituciones vascas han encauzado el hastío ciudadano refleja una preocupante tendencia: a medida que ETA se vuelve más débil e incapaz de desestabilizar con sus atentados el sistema de libertades, la ciudadanía parece más proclive a la desmovilización.
Actualizado: GuardarYa el asesinato de Isaías Carrasco dio lugar a una cadena de inhibiciones y despropósitos que permitieron a las fuerzas democráticas vascas, y particularmente a las nacionalistas, eludir su responsabilidad de desbancar a ANV de la Alcaldía de Mondragón. Sería del todo insuficiente que dos fuerzas como EA y Aralar, que en el momento de la constitución de los gobiernos municipales optaron por brindarle a ANV la alcaldía de Azpeitia, se contentasen ahora con abandonar dicha coalición sin implicarse en la presentación de una moción que impida a los adláteres del terror continuar al frente de dicho consistorio guipuzcoano. Pero ello tampoco exime al PNV, primera formación de Azpeitia y partido gobernante en Euskadi, de tomar la iniciativa al respecto. La disolución de los ayuntamientos donde gobierna ANV, solicitada ayer mismo tanto por el PP como por el presidente de la CEOE, constituye una demanda comprensible habida cuenta del inmovilismo proetarra que inspira la acción pública de quienes acaparan la gestión pública de esos municipios y teniendo presente que algunas de sus actuaciones podrían inscribirse dentro de lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero tan o más necesario que esa medida sería el compromiso previo que todas las formaciones que condenan el terror deberían asumir para desalojar de las alcaldías de Mondragón, de Azpeitia y de las demás que ostentan en minoría los electos en las listas de ANV.
