Los empresarios y el PP reclaman el desalojo de ANV de todas las alcaldías

La cúpula de los empresarios españoles reclamó a los partidos políticos que desalojen de inmediato a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de las 43 alcaldías que ocupa en el País Vasco y Navarra un día después del asesinato por ETA del industrial Ignacio Uria. El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aprovechó su asistencia a la cumbre unitaria contra ETA celebrada en el Congreso de los Diputados para tomar la palabra y pedir a los grupos parlamentarios y al Gobierno que utilicen todos los instrumentos políticos y legales a su alcance para excluir de los gobiernos municipales al partido ilegalizado en septiembre por el Tribunal Supremo, que lo consideró un mero «instrumento» de la banda terrorista.

La propuesta de la CEOE coincidió con una reclamación idéntica patrocinada por el PP, que ha registrado en el Congreso y el Senado una petición para que el Ejecutivo disuelva de inmediato todas las corporaciones gobernadas por ANV, por considerar que son «representantes políticos de ETA». Lo hizo apenas horas después de que el alcalde y los concejales de la formación proscrita en Azpeitia (Guipúzcoa) rechazasen condenar el asesinato de su vecino.

Los populares quieren que el Congreso inste al Gobierno a aplicar a las alcaldías de ANV el mismo procedimiento que permitió disolver en 2006 el corrupto Ayuntamiento de Marbella (Málaga). El PP considera que el Ejecutivo tiene elementos suficientes para recurrir al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prevé disolver las corporaciones «cuya gestión resulte gravemente dañina para los intereses generales», en especial cuando «den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen».

Pocas posibilidades

La proposición no de ley popular indica que el Gobierno debe aplicar este artículo de acuerdo con la sentencia de ilegalización del Supremo y la negativa reiterada de todos los municipios gobernados por ANV a condenar los asesinatos de ETA, entre los que citó de forma especial el de Uria y el del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco, tiroteado a bocajarro ante su casa en marzo. Para el PP, «la no condena de un atentado supone la justificación en toda regla de los métodos terroristas, ya que, al no desvincularse de sus atrocidades, dan cobertura y legitimidad a los mismos».

El PP cree que éste es el único mecanismo para terminar con la presencia de los representantes políticos de ETA en el gobierno de los municipios, ya que, tras el asesinato de Carrasco, las mociones de censura demostraron ser un método ineficaz tanto por las dudas de PNV, EA, IU y Aralar, como porque ANV es inamovible en casi la mitad de sus alcaldías, donde tiene mayoría absoluta.

La proposición del PP llevará este debate al pleno del Congreso, pero tiene muy pocas posibilidades de salir adelante, ya que no la apoya el PSOE ni la mayoría de los grupos minoritarios. Los socialistas creen que la petición del PP no es factible porque un estudio realizado el mes pasado por la Abogacía del Estado concluye que en la actualidad es imposible disolver los ayuntamientos gobernados por ANV.

El informe del servicio jurídico del Gobierno señala que la sentencia de ilegalización sólo achaca dos hechos delictivos a ayuntamientos de ANV, la constitución de «comisiones de presos y represaliados» en los consistorios de Elorrio (Vizcaya) y Hernani (Guipúzcoa) y la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, que en público aplaudió a los etarras que volaron el aparcamiento de la T-4.

«Ni un euro»

La proposición presentada por los populares incluye una segunda reclamación. El PP considera que en tanto el Gobierno decide si ejecuta o no la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, debe impedir que estos consistorios reciban «ni un euro» del fondo anticrisis de 8.000 millones que se aprobará la semana próxima en el Congreso, destinado a reactivar el empleo en el ámbito municipal.

El PP reclama que las inversiones que correspondan a estos consistorios se transfieran a las diputaciones forales, para que «garanticen mejor el buen uso de estos fondos y su inversión en proyectos que beneficien a todos los vecinos de esas localidades».

En Azpeitia, ANV se ha quedado sin socios de gobierno, pero el Ayuntamiento seguirá, por el momento, en sus manos. Los dos partidos que le apoyaban, Eusko Alkartasuna y Aralar, han decidido dejar el gobierno municipal tras su negativa a condenar el asesinato de Uria, pero no aclararon si sus tres concejales apoyarán una moción de censura del PNV, el partido más votado con ocho ediles.