Bolonia: un proyecto de Universidad para Europa

En las últimas décadas los cambios en la universidad española han sido espectaculares en todos los aspectos, pero muy especialmente en relación con la mejora de la financiación, que ha posibilitado el aumento del número de alumnos, de centros, y de especialidades. Tenemos que seguir avanzando en temas como la mejora en la calidad docente e investigadora y en una adecuada conexión con las empresas que facilite la salida profesional de los nuevos titulados.

Durante todo este tiempo no ha cesado el debate sobre el modelo universitario en España, en el que se ha venido denunciando un amplio catálogo de deficiencias tales como: la endogamia y la cooptación en la selección del profesorado, la escasa cuantía y calidad de la investigación, la nula vinculación económica, laboral, cultural y social con el entorno y la proliferación de titulaciones en todas las universidades que han competido por la cantidad en lugar de por la especialización.

Todos parecían apostar por el cambio, pero cuando los gobiernos y las autoridades académicas se han puesto a la tarea, han ido apareciendo los intereses corporativos y la resistencia a perder los viejos privilegios. Bolonia es una oportunidad para el cambio que provoca ciertos vértigos asociados al control de los niveles de calidad y a la aplicación de criterios y metodologías de evaluación.

Es comprensible que se produzcan resistencias en los procesos de cambio y adaptación a un nuevo escenario, pero es peor para todos no abordar la problemática existente. Es del todo imprescindible reflexionar sobre la caracterización del personal académico, de las instalaciones y equipamientos docentes, de los programas formativos y planes de estudio, de la integración con el entorno económico y social, etc.

La Declaración de Bolonia es una oportunidad y una exigencia para la reforma de la universidad española, pero los problemas no vienen de su mano porque estaban y están aquí; en un modelo universitario que hace aguas a causa de los viejos problemas de la universidad franquista y los nuevos problemas asociados al crecimiento de las últimas décadas.

La globalización y los avances tecnológicos exigirían en cualquier caso las reformas necesarias para lograr o mantener la eficiencia. Negarse al cambio es arriesgarse a perder a los alumnos. El diálogo y el consenso son los mejores instrumentos para superar las incertidumbres del futuro, para sumar activos y voluntades, para avanzar en la conformación de un modelo universitario de excelencia, en defensa del interés general de la sociedad y de nuestros jóvenes universitarios.

Los que protestan contra Bolonia en realidad lo hacen contra las reformas que la acompañan. Unos están en contra de la relación universidad-empresa, otros contra la financiación condicionada a la evaluación de los centros y del profesorado, en base a parámetros tales como: el número de alumnos matriculados, el porcentaje de aprobados, el acceso al empleo de los graduados, los programas de investigación y la vinculación con el entorno cultural y socioeconómico.

Sorprende la amalgama de ideologías e intereses, más o menos corporativos, que se aglutinan en la protesta contra el Acuerdo de Bolonia. Los que enarbolan el fantasma de la privatización, pero apenas han reaccionado al brutal recorte presupuestario, superior a los 223 millones de euros, que el gobierno del PP ha aplicado a las universidades públicas madrileñas. Los que defienden los privilegios feudales de la cátedra- virreinato intocable e inaccesible, instalados en la didáctica de la clase magistral y el memorismo, que se niegan a ser evaluados, a seguir programas comunes en los que se tengan en cuenta tanto las enseñanzas teóricas como las prácticas del alumnado. Los que rechazan que la asistencia a las clases sea imprescindible.

Aunque el Acuerdo de Bolonia no dice nada sobre la financiación de las universidades, hay quienes lo identifican con los planteamientos ultraliberales defensores de la prevalencia del Mercado y demandan una financiación cien por cien pública. Navegan en la contradicción de reclamar la imprescindible relación de la universidad con su entorno, a la vez que rechazan cualquier vinculación con las empresas

Parece razonable y siempre está en el guión de cualquier protesta, que se solicite el incremento de los recursos públicos destinados a la enseñanza, como lo es el que en su distribución se tenga muy en cuenta el número de alumnos. La ayuda pública debe evitar cualquier discriminación en la enseñanza en función de la renta de las familias, pero eso no significa que pueda exigirse el gratis total o la financiación pública de proyectos educativos ajenos a las necesidades y proyectos de la sociedad en la que se insertan.

No compartimos la «ilustrada» opinión de quienes afirman que: «la universidad no está para formar mano de obra con conocimientos específicos». El aprendizaje de valores no puede contraponerse al desarrollo de habilidades y actitudes en el alumno, que no sólo debe adquirir conocimientos, también debe aprender a aprender. El dominio de los conceptos y de las herramientas metodológicas será su mejor equipaje para comprender y cambiar el mundo en el que vive.