De las pintadas al tiro en la nuca

El asesinato de Ignacio Uria Mendizabal culminó ayer el macabro círculo de presión iniciado por ETA contra las empresas que construyen el Tren de Alta Velocidad en el País Vasco. Documentos internos de la banda revelaban que la dirección de la organización comenzó a estudiar su postura contra esta infraestructura, al menos, en enero de 2004. La decisión inicial fue no intervenir directamente mediante atentados, pero dejó la puerta abierta a perpetrar acciones terroristas llegado el caso. El proceso de paz mantuvo en cuarentena esta resolución. Dos pistoleros, como siempre, zanjaron la discusión.

Los indicios más recientes de que ETA podría actuar contra la Y trascendieron a finales de 2006. Con el alto en fuego todavía vigente, las fuerzas de seguridad se incautaron de un documento titulado ¿Vamos a parar el TAV! En este texto, la izquierda abertzale planteaba toda una estrategia de acoso contra el proyecto de red ferroviaria vasca. A partir de ese momento, los sabotajes se recrudecieron.

El texto, concebido inicialmente para mantener prietas las filas de la izquierda abertzale, también sirvió como argumentación cuando ETA tomó la iniciativa violenta. «El éxito no se medirá sólo en función de que el proyecto se construya o no. Es más importante las contradicciones que creemos», recogía el documento. Según sus autores, la obra dibujaba «una Euskal Herria unida a los estados español y francés a través del movimiento del capital internacional».

El informe intervenido hablaba de «entorpecer las obras». Ante estas amenazas, las administraciones central y vasca trataban de despejar la incógnita de si ETA utilizaría la violencia contra el trazado. Como punto de partida, el departamento y el ministerio de Interior crearon una comisión con representantes de la Ertzaintza, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía para analizar el grado de amenaza y garantizar la seguridad de los trabajos.

Objetivo prioritario

La infraestructura ferroviaria, que hasta entonces sólo había sufrido intimidaciones a través de protestas públicas y pintadas, se convirtió en «objetivo estratégico» de ETA a partir de la ruptura de la tregua. Aunque ésta la rompió la banda armada de facto el 30 de diciembre de 2006 con la voladura de la T-4 de Barajas que costó la vida a dos personas, su final oficial no lo reconoció hasta junio de 2007. Cuatro meses más tarde, las fuerzas de seguridad advertían de que la organización pretendía volcar sus fuerzas contra el TAV y no convertirlo en un tema secundario dentro de su actividad.

Ejemplos de objetivos prioritarios anteriores fueron las obras de la autovía de Leizarán o la central nuclear de Lemoiz, mientras que entre los secundarios figuraron los trabajos en el pantano de Itoiz -contra los que no llegó a actuar ETA- o en la central térmica de Boroa -donde la banda colocó cuatro pequeñas bombas en el exterior del edificio con la obra terminada y que no causó daños-. En los primeros casos, los terroristas llegaron a atentar contra las personas que trabajaban en el proyecto, mientras que en los otros dos, la izquierda abertzale mantuvo una campaña de sabotajes y movilizaciones.

Las fuerzas policiales llegaron a estas conclusiones, entre otros motivos, porque en una de sus actuaciones contra la kale borroka hallaron un manual titulado Txikitzaileak Txikitu (Destrozar a los que destrozan), en el que detallaban distintos tipos de ataques contra la maquinaria utilizada en las obras. De esta manera, pretendían que las pérdidas generadas a las empresas constructoras hicieran que éstas se plantearan, incluso, abandonar los trabajos. Esta estrategia intimidatoria les dio resultado con Excavaciones Ugarte, que anunció que había dejado la obra «ante la campaña de carteles y pancartas aparecidos» en sus instalaciones de Irún.

Entonces, la coordinadora anti TAV, AHT Gelditu, salió al paso para desmarcarse de cualquier iniciativa violenta y reiteraron el carácter reivindicativo, plural y pacífico de sus movilizaciones.

Las coacciones contra varias de las empresas adjudicatarias, por su parte, comenzaron a multiplicarse. La mayoría de los ataques -se han contabilizado hasta 18- constituyeron sabotajes contra la maquinaria y, en algunos casos, las instalaciones de las firmas participates en las obras de la considerada como principal obra de infraestructura en la historia reciente en Euskadi. La propia compañía Altuna y Uria fue objeto de un ataque en marzo del pasado año, cuando varios camiones-hormigonera de la constructora sufrieron daños y pintadas contra la Y vasca en Azpeitia.

La primera amenza directa pública por parte de ETA se produjo el pasado 5 de enero, a través de una entrevista publicada en Gara. En ella, los militantes de la banda armada comparaban el TAV conLemoniz y Leizaran y advertían de que «los políticos no han aprendido nada de lo que pasó entonces».

El 12 de mayo llegó su primer zarpazo con la colocación de dos bombas en Hernani contra sendas excavadoras de la constructora Amenabar. Desde entonces no paró. El 1 de junio, una mochila cargada con entre tres y cinco kilos de explosivo provocó graves desperfectos en la sede que esta compañía tiene en Zarautz. Dos ertzainas sufrieron daños en los oídos y un tercer agente, cortes en la cara. El 28 de julio, ETA hizo estallar en Orio, junto a las obras de ampliación de la autopista A-8, una bomba contra Fonorte y Acciona, que también participan en la Y. Para que no hubiera duda de su autoría, la banda asumió por primera vez los tres atentados contra este proyecto.

A través de un duro comunicado divulgado el 15 de agosto, ETA acusaba a los empresarios de pretender «enterrar en cemento» el proyecto independentista para garantizar beneficios «al PNV y sus acólitos». Ayer volvió a dejar su firma: el tiro en la nuca.