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TRIBUNA

Médicos e intrusos

Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene en estos momentos un problema acusado de falta de médicos, una carencia que quizá se entienda mejor si hablamos con propiedad de una desigual distribución de profesionales dentro del sistema sanitario e incluso de fuga de médicos a otros países en busca de mejores condiciones y del reconocimiento que merecen y que aquí se les niega.

RICARDO MIRANDA MUÑOZ-ORTIZ | PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ
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La aparente crisis de personal facultativo ha derivado casi naturalmente y ha vuelto a poner de actualidad el problema del intrusismo. Muy recientemente hemos podido leer en la prensa casos de pseudomédicos que ejercían con títulos falsos sin que tuvieran siquiera la educación secundaria. Este tipo de informaciones tienen un gran impacto y causan una alarma social lógica y fundada. Escasas horas antes de que se conocieran estos mismos casos de intrusismo el Consejo General de Colegios Médicos denunciaba que en España ejercen unos 22.000 médicos extranjeros, un 11% del total, y que de ellos entre 9.000 y 12.000 son extracomunitarios que pueden carecer de la homologación de sus títulos o estar pendientes de ella. También la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha lanzado la voz de alarma sobre la falta de criterios rigurosos a la hora de homologar los títulos obtenidos en países ajenos al marco de la Unión Europea.

Andalucía es una de las cuatro comunidades autónomas junto con Extremadura, Asturias y Canarias en que desde el año 2001 el médico que ejerce en exclusiva en el ámbito público de salud puede adscribirse a su Colegio Profesional de forma voluntaria. Es decir, no tiene obligación de colegiarse. Quienes estamos al frente de los Colegios o ejercemos algún tipo de responsabilidad en ellos estamos convencidos de que estos siete años de colegiación opcional han supuesto una interferencia en la labor que las corporaciones podemos llevar a cabo para defender a la sociedad del intrusismo en nuestra profesión. Somos las organizaciones profesionales las mejor preparadas para garantizar que quien ejerce como médico efectivamente lo es. No en vano, la Comunidad Canaria estudia volver a hacer obligatoria la colegiación, de manera que los Colegios recuperen su capacidad de control con la administración sanitaria del mismo lado. En beneficio de esa función que legítimamente nos corresponde sería deseable que las autoridades andaluzas siguieran el ejemplo.

El proceso de homologación de un título extracomunitario puede durar más de tres años. Mientras tanto un licenciado puede ocupar -y de hecho así sucede- plaza de especialista con la sola homologación del título de licenciado en Medicina, a la espera de convalidación por parte del Ministerio de Sanidad. La inquietante pregunta es obvia: ¿qué ocurre cuando al cabo del tiempo la autoridad responsable de convalidar considera a este profesional no apto para ejercer?, ¿de qué manera puede explicarse a los pacientes que quien le ha atendido durante tres años no era válido para hacerlo? En este punto habremos de coincidir en que se está comprometiendo gravemente el derecho a la salud. En julio la Junta de Andalucía aprobaba el decreto por el que se crea el Registro de Profesionales Sanitarios para esta comunidad y que ha sido recurrido por el Consejo Andaluz de Colegios Médicos por entender que restringe las legítimas competencias de los Colegios en esta materia, como recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

El pasado 26 de noviembre ABC informaba de que el SAS tiene 283 médicos extranjeros ejerciendo sin el título homologado, una cifra que no admite parangón con la ofrecida en julio por el Servicio Andaluz de Salud de sólo 120. Atendiendo a estos datos más de 150 médicos extranjeros estarían trabajando en Andalucía sin que la Administración recele de ello mientras veta la función de registro que la ley reconoce a los Colegios Profesionales.