Defensa asegura que no tiene constancia de ningún vuelo ilegal de EEUU en España

El Ministerio de Defensa asegura no tener constancia de ningún vuelo o escala de naturaleza ilegal en territorio español por parte de aviones del Ejército de Estados Unidos y garantiza que, en este asunto, ha actuado y va a seguir actuando con "absoluta transparencia".

Defensa hace esta aseveración en un comunicado hecho público ante las informaciones sobre la autorización por parte del Gobierno de José María Aznar de escalas de emergencia en España de vuelos para el traslado de prisioneros con origen o destino Guantánamo.

Además de subrayar que no le consta ningún vuelo ilegal, el Departamento que dirige Carme Chacón explica que ha remitido a la Audiencia Nacional cuanta información se le ha solicitado sobre los vuelos de aviones del Ejército estadounidense, que recuerda que están regulados por el Convenio de Cooperación bilateral, que han efectuado escalas en las bases de Morón, Rota y Torrejón de Ardoz.

"El Ministerio ha actuado en todo momento, y va a seguir haciéndolo, con absoluta transparencia y voluntad de colaboración con la Justicia", añade.

Asimismo, señala que, aunque no ha sido solicitado expresamente por el juez, se ha remitido a la Audiencia Nacional toda la información relativa a los sobrevuelos de aviones del Ejército de Estados Unidos con origen o destino en la base estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, de los que se tiene constancia. Estos vuelos, añade, han utilizado rutas en los espacios aéreos internacionales sobre el Estrecho de Gibraltar.

Moratinos, al Congreso a petición propia

En el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas, el ministro Miguel Ángel Moratinos ha confirmado que comparecerá a petición propia la próxima semana en el Congreso con el resultado de la investigación sobre el paso por España de aviones de la CIA, que aparece en unos documentos que ha negado haber conocido antes de publicarse en prensa.

Por este motivo, ha rechazado las acusaciones del Partido Popular de haber filtrado tales documentos a ningún medio de comunicación. "Difícilmente podemos filtrar unos documentos cuando no existen en nuestros archivos", ha argumentado el titular de Exteriores. Y ha añadido que "no podía informar al Senado, al Congreso o al Parlamento Europeo, o remitir a la Audiencia Nacional, documentos que no teníamos y que no conocíamos en el Ministerio".

El departamento de Exteriores ha abierto una investigación para saber por qué no se encontraban en su poder estos documentos, en los que se detallan supuestos compromisos del gobierno de José María Aznar para el paso por España de aviones de la CIA con presuntos terroristas islamistas radicales para su traslado a la base de Guantánamo (Cuba).

"No tenemos nada que ocultar, que todo el mundo tenga la tranquilidad de un Gobierno que quiere la máxima transparencia y que tiene un compromiso con los derechos humanos", ha pedido el ministro.

La "opacidad" del Gobierno, según Llamazares

Exteriores ha lamentado asimismo que Gaspar Llamazares haya roto el secreto del sumario "para interpretar de manera parcial y no objetiva" documentos relacionados con 'los vuelos de la CIA'.

El lunes, en rueda de prensa, Llamazares reveló una documentación secreta de Exteriores, que confirma la "opacidad" con la que el Gobierno ha gestionado los datos sobre las autorizaciones de los vuelos de EEUU a su paso por España relacionados con el penal de Guantánamo.

Se trata de dos faxes secretos y una nota interior, fechadas en los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordena que no se facilite información sobre las autorizaciones de los vuelos de Estados Unidos.

Según un comunicado del Ministerio, esa documentación ha sido remitida a la Audiencia Nacional por el Departamento y consta en el sumario de la investigación en curso que lleva a cabo esa instancia judicial. Recuerda que IU forma parte de la acusación particular, por lo que dispone de estos documentos. Y añade que éstos "confirman la voluntad" del Gobierno de colaborar con la Justicia y no la opacidad de la gestión del Ejecutivo en el asunto.