Suficiencia municipal
El decreto que establece los criterios y condiciones para la utilización del fondo de 8.000 millones de euros que financiará la realización de obra pública municipal entre el primer trimestre de 2009 y el de 2010 ha sido ideado con un talante dirigista por parte del Gobierno que podría ser explicable por la urgencia de generar actividad económica y empleo durante esos doce meses, pero que también revela la extrema dependencia económica en la que operan los ayuntamientos y el receloso paternalismo con que son tratados por las instituciones autonómicas y nacionales. La dotación prevista, que «en principio» se distribuirá de acuerdo a la población de cada municipio, exige que las corporaciones locales presenten proyectos nuevos, de un coste menor a cinco millones de euros, con anterioridad al próximo 20 de enero. Ello impedirá que el fondo sea utilizado para sanear las arcas públicas locales, pero sin duda la aportación fijada por el Ejecutivo central acabará descontándose del esfuerzo que cada ayuntamiento debería hacer en materia de infraestructura urbana e instalaciones en el próximo ejercicio o en los siguientes.
Actualizado: GuardarEl presidente Rodríguez Zapatero ha mostrado su disposición a permitir que los ayuntamientos puedan recurrir a la deuda para una liquidación óptima de 2008 y para afrontar el próximo año con más holgura presupuestaria. Pero resulta perentoria la definición de un nuevo sistema de financiación municipal que libere las cuentas locales de su dependencia del precio de suelo y del excesivo tutelaje que sobre ellas ejercen las demás instituciones. La proliferación de casos de corrupción urbanística ha colocado al poder municipal bajo sospecha. El supuesto recurrente de que los ayuntamientos administran de forma desordenada y arbitraria el dinero público se ha convertido, además, en un lugar común de los prejuicios que anidan en la opinión pública. De manera que el argumento que concedía un plus de legitimidad a la institución más próxima al ciudadano se ha venido abajo debido a los indicios fundados y a los no fundados de opacidad municipal. Son sin duda las propias corporaciones locales las que deben sacudirse la desconfianza que pesa sobre su capacidad de gestión. Pero ello tampoco será posible si no se procede a la puesta al día de de las competencias locales y no se establece un modelo que les garantice la suficiencia financiera respecto a las mismas. El ciclo de crisis no constituye el tiempo más idóneo para ello, pero sí el que evidencia más claramente su necesidad.
